Este 24 de abril además de marchar en contra de las violencias machistas, también conmemoramos 9 años de la interrupción legal del embarazo en la capital del país. Así es, en abril de 2007 la Ciudad de México se colocó a la vanguardia en Latinoamérica con respecto a la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al aprobar la reforma de ley que despenaliza el aborto a libre demanda hasta las 12 semanas de gestación.
De acuerdo a cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de México desde abril del 2007 a enero de 2016 el Programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Ciudad de México ha otorgado servicios a 153,980 mujeres. Un dato a todas luces importante, es que el porcentaje de complicaciones posterior a la realización de la ILE en el sistema hospitalario del DF (abril de 2007 a febrero 2016) es de 0.66%, dato con el que podemos hacer visible el impacto y avance en el derecho a la salud de las mujeres.
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Retrocesos y criminalización en los estados
A pesar de los avances en materia de aborto en la Ciudad de México, existen fronteras al interior del país para gozar de los beneficios de la ley, dado que en el resto de los estados la normativa sigue siendo restrictiva y faltan procedimientos que garanticen el acceso al aborto seguro para las mujeres que reúnen las causales legales.
Durante los últimos años, y como reacción a la ley de ILE de la Ciudad de México, 17 estados introdujeron cambios en sus constituciones locales con el fin de proteger la vida desde el momento de la concepción. Este tipo de legislaciones obstaculizan, criminalizan a la larga y pretenden blindar el avance de la despenalización del aborto. En algunas entidades federativas donde existen grupos altamente adversos al derecho a decidir, hay casos de mujeres procesadas y cumpliendo condenas incluso por tener abortos espontáneos o acusadas de “homicidio de un miembro de la familia”, lo que aumenta la duración de su sentencia de cárcel si son declaradas culpables.
Es muy frecuente que el personal médico reciba a una mujer con síntomas de infección o hemorragia y, en lugar de atenderla inmediatamente para no poner en riesgo su salud o su vida, la interrogan y torturan psicológicamente hasta que “confiese” si se trata de un aborto inducido. La situación legal y social en los estados mexicanos profundizan el acceso desigual al derecho a decidir y el poder concedido a profesionales de la medicina, abogados y jueces (generalmente hombres), para tomar decisiones sobre los cuerpos de las mujeres.
Ante este desfavorable escenario, existe la opción de viajar a la Ciudad de México. Las mujeres provenientes del estado de México, por ejemplo, representan el 24% del total de usuarias del Programa de ILE, seguidas por las entidades cercanas como Puebla e Hidalgo[1]. Sin embargo, no todas cuentan con los recursos económicos y/o las redes de apoyo necesarias para trasladarse, lo que las orilla a continuar embarazos no deseados o a practicarse abortos inseguros. La criminalización y el estigma social no disminuyen la tasa de abortos sino que empeoran las condiciones en que se realiza. En este sentido la OMS (2012)[2] establece que los abortos inseguros y peligrosos siguen en aumento en el mundo y que el 95% de todos los abortos en los países latinoamericanos corresponden a esta categoría. Según el Instituto Guttmacher (2012)[3], la tasa de aborto en México aumentó durante los últimos años un 33%, lo cual indica que cada año crece el número de mexicanas con embarazos no deseados.
Entre los años 1990 y 2013, se estima que en nuestro país han fallecido un total de 29,822 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto [4]. Las complicaciones debidas a abortos inseguros representan entre la tercera y cuarta causa de dichas muertes (CONAPO, 2012), con un total aproximado de 2,186 mujeres fallecidas (poco más del 7.3%) a lo largo de las últimas dos décadas. De este total, 279 mujeres fueron adolescentes de 15 a 19 años y 11 fueron niñas de 10 a 14 años, panorama que nos coloca muy lejos de la meta establecida por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) hace 15 años -y de los cuales México hizo parte-, de reducir la razón de la mortalidad relacionada a embarazo y parto en un 75% para 2015, con respecto a los niveles de 1990.
Por otra parte, la tendencia de embarazos adolescentes se ha incrementado en México, así como el porcentaje de mujeres en edad fértil que no quiere embarazarse pero no está usando un método anticonceptivo moderno[5], debido al desabasto en servicios públicos y a las limitaciones en el acceso a la salud sexual y reproductiva de calidad, que vulnera especialmente a las mujeres de bajos recursos y a las jóvenes. El 47.3% del total de mujeres usuarias del Programa de ILE, tiene un rango de edad de entre 18 y 24 años, seguido por el grupo de mujeres de entre 25 y 29 años[6].
Si bien es cierto que todavía falta un largo camino por recorrer en materia de autonomía reproductiva, también ha habido algunos avances. Desde abril de 2013 hasta mayo de 2015, Guerrero, Michoacán y Tlaxcala modificaron sus códigos penales para incluir ciertas causales como excluyentes de responsabilidad de delito de aborto. En el caso de Guerrero se incluyó el riesgo grave a la salud de la mujer. Para Michoacán y Tlaxcala, las malformaciones genéticas en el producto, y sólo para Michoacán la inseminación artificial no consentida y la situación económica precaria. Resulta significativo, sin embargo, que la causal salud no sea reconocida en los códigos penales de 15 estados de la República, lo cual significa que las mujeres de estas entidades son obligadas a continuar sus embarazos, aún cuando esté es riesgo su vida.
Nueva ciudad, ¿regresión de los derechos?
Durante el mes de enero de 2016, se aprobó la reforma política mediante la cual el DF se convierte en un estado, cambia su nombre a Ciudad de México, deberá contar con una constitución y un congreso local, y adquiere una autonomía inédita en tanto la Federación se responsabiliza del financiamiento de los servicios de educación y salud. La Constitución de la Ciudad de México debe estar lista a más tardar el 31 de enero de 2017 y será redactada por La Asamblea Constituyente, misma que estará compuesta por 100 legisladoras/es.
Los cambios en las coyunturas políticas y sociales suelen ser aprovechados por la derecha conservadora y los grupos antiderechos de las mujeres para retroceder en materia de igualdad de género. La Ciudad de México ha sido un referente a nivel nacional y regional en la formulación e implementación de políticas públicas con perspectiva de género; por ello se debe garantizar que la próxima Constitución de la capital respete y favorezca el avance de los derechos alcanzados a favor de las mujeres.
No podemos pensar en una sociedad más justa y democrática, en tanto no se garantice el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y sexualidad, el más íntimo de los derechos humanos.
[1] Niñas y mujeres sin justicia. Derechos Reproductivos en México. Informe GIRE (2015).
[2] Estadísticas Sanitarias Mundiales. Organización Mundial de la Salud (2012).
[3] An Overview of Abortion Laws. Guttmacher Institute (2012).
[4] Niñas y mujeres sin justicia. Derechos Reproductivos en México. Informe GIRE (2015).
[5] Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT (2012).
[6] Niñas y mujeres sin justicia. Derechos Reproductivos en México. Informe GIRE (2015).
Con información de Animal Político
