Amnistía Internacional y representantes de organizaciones sociales presentaron hoy 300 mil firmas al Gobierno, la Asamblea Legislativa y la Corte suprema de Justicia de El Salvador para pedir que despenalice el aborto en el país, informó la organización no gubernamental.
“Cientos de miles de personas se unen a la lucha para acabar con la brutal prohibición del aborto en El Salvador (…) que ha causado la muerte innecesaria de mujeres y niñas”, señaló Amnistía Internacional en un comunicado.
Agregó que “debido a las leyes represivas del país, las mujeres y las niñas declaradas culpables de abortar pueden pasar entre dos y ocho años en la cárcel” y que “la prohibición del aborto se extiende incluso a niñas que han sido violadas”.
“Desde hace casi dos decenios, las mujeres de El Salvador vienen sufriendo las consecuencias de esta legislación draconiana y desfasada, y ahora 300 mil voces de la comunidad global se unen a su lucha para acabar con la injusticia”, dijo Erika Guevara-Rosas, representante de Amnistía Internacional.
Presidencia dijo hoy en una nota que el mandatario Salvador Sánchez Cerén “reafirmó el compromiso de su administración a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres en El Salvador para alcanzar una sociedad más justa, inclusiva y equitativa”, pero no facilitó detalles sobre su postura respecto del aborto.
Alberto Romero, portavoz de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, dijo a Efe que “la idea es que desde distintos órganos del Estado se asuma la responsabilidad y los efectos que está teniendo la legislación que en estos momentos es una penalización absoluta del aborto”.
“Esto viene a reforzar recomendaciones que distintos comités de derechos de Naciones Unidas (de despenalizar el aborto) han hecho a El Salvador como firmante de pactos internacionales”, dijo Romero.
Por otra parte, sostuvo que con “el cambio de legislación permitiría normar de una manera racional con base en el respeto de derechos humanos, la problemática de la interrupción del embarazo”.
Romero agregó que las firmas “de respaldo para el cambio de legislación” provienen de diversos países de América, Europa y África y añadió que entre el 2000 y 2011, “145 mujeres fueron procesadas por la interrupción del embarazo, de las cuales 30 están condenadas”. De las 30 condenadas diferentes organizaciones han pedido el indulto de 15 a la Asamblea Legislativa.
Con información de EFE
