El pasado 8 de marzo de 2017, tuvo lugar un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Ciudad de Guatemala, que acabó con la vida de, por lo menos, 43 niñas y adolescentes que allí residían; mientras otras tantas se encuentran heridas de gravedad.
Este desenlace fatal se produjo como expresión última de los constantes abusos, violaciones y agresiones físicas y sexuales que estas menores venían denunciando tiempo atrás, sin que el Estado les otorgara la ayuda y protección necesaria, ni se otorgara justicia ante tales hechos. Ello a pesar de la resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos con fecha de 2016 que solicitaba el cierre de este hogar seguro a consecuencia de las múltiples denuncias recibidas.
Así las cosas, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, compareció públicamente anunciando el cierre temporal del hogar seguro -que a día de hoy sigue activo- y haciendo valer la tragedia como un acontecimiento de responsabilidad compartida entre todas las instituciones del Estado, sin anunciar represalias contra ninguno de los funcionarios/as del citado hogar.
El Estado no puede dar la espalda a esta desprotección de menores bajo su cargo, resultando claramente en una violación de sus derechos humanos, especialmente a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación -incluido el abuso sexual- como establece el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por Guatemala.
Por todo ello, las organizaciones y personas integrantes del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro[1], entre ellas Marie Stopes, realizamos un llamado internacional a las Embajadas de Guatemala de los distintos países de Latinoamérica para que:
- Se tomen las medidas pertinentes y urgentes para la búsqueda de las menores todavía desaparecidas;
- Se informe adecuadamente a los familiares de las víctimas -a través del Gobierno, la Secretaría de Bienestar Social y/o las instituciones encargadas- sobre el paradero de las menores, a fin de comunicarles a la brevedad si fallecieron o si han sido trasladadas a un hospital y a qué hospital en este último caso.
- Las autoridades públicas pertinentes investiguen los hechos, con el fin de que los/las responsables sean denunciados, investigados y enjuiciados y no queden impunes.
- Se otorguen medidas de protección integrales a las menores acogidas por el Estado que se encuentran en situación de violencia o abandono, y se investigue exhaustivamente la situación de todos los hogares seguros del país, con el fin de que no se repita una tragedia de esta magnitud y puedan entrar en programas estatales que realmente reparen de manera integral y digna sus vidas.
[1]El Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (www.clacai.org) es una articulación integrada por activistas, investigadores/as, proveedores/as de servicios de salud y profesionales que contribuye a la disminución del aborto inseguro en Latinoamérica. Promueve el acceso a la información y a tecnologías modernas y seguras en el marco del pleno respeto a los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de género y equidad.
