El pasado 24 de abril se cumplieron diez años desde que en la Ciudad de México se despenalizó el aborto en las primeras doce semanas del embarazo y se garantizó que las mujeres, acudiendo a las instituciones públicas de salud, pudieran interrumpir sus embarazos de manera segura y gratuita.
Como prácticamente todos los años, se liberó un reporte sobre la provisión de este servicio. No deja de ser increíble analizar los datos, a la luz de los estereotipos que suelen existir sobre las mujeres que supuestamente acceden al aborto.
En total, 176,355 interrupciones fueron practicadas en estos diez años. La abrumante mayoría fueron de mujeres provenientes de la misma Ciudad de México (71%) y del Estado de México (25%). Pero no hay un solo estado de la República del cual las mujeres no hayan viajado al Distrito Federal para ejercer este derecho que deberían tener garantizado en su propia localidad. Es claro que, si bien el servicio solo se ofrece en la CDMX, la necesidad es nacional (como lo es el derecho que tienen las mujeres a acceder a él).
La gran mayoría de las mujeres que utilizaron este servicio tienen entre 18 y 34 años de edad (83.2%). De las mujeres que accedieron a este servicio, el 34.8% se dedica al trabajo en el hogar, el 25.1% es estudiante y el 24.2% tiene algún trabajo fuera de casa. Otro dato: la mayoría de las mujeres, el 65.3%, ya tenían al menos un hijo. No se trata, en otras palabras, de mujeres que no sepan lo que entraña la maternidad o que la rechacen de manera absoluta. Por el contrario: la mayoría son mujeres que saben bien qué implica la maternidad. Otro dato, este de 2016: el 62% de las mujeres que accedieron a este servicio son católicas. (Para quien no sepa: según las Católicas por el Derecho a Decidir, existen excluyentes a la pena de excomunión inmediata para mujeres que abortan; esto es: es falso que el aborto, de acuerdo a la doctrina católica, esté condenado siempre y por cualquier razón.)
Otra cifra: solo el 6.3% de las mujeres que utilizaron este servicio, eran “reincidentes”. En otras palabras: la mayoría de las mujeres utilizan este servicio solo una vez y no como un “método anticonceptivo”, como muchas personas siguen proclamando que sucederá si se garantiza el acceso a la interrupción del embarazo. De hecho, según el Informe Niñas y mujeres sin justicia de GIRE, que incluye cifras hasta el 2015: solo el 10.7% de las mujeres no aceptaron utilizar algún tipo de método anti-conceptivo después de la interrupción del embarazo. O sea, la gran mayoría acepta utilizar algún tipo de método anti-conceptivo después de la interrupción del embarazo (el más utilizado es el DIU).
Más datos: la gran mayoría de las interrupciones, se realizaron antes de la décima semana del embarazo (y todas, antes de la semana doce). El 12.4% de estas interrupciones fueron realizadas en la novena semana; el 15.9% en la octava semana; el 21.3% en la séptima semana; y el 17.8% en la sexta semana. En otras palabras: cuando a las mujeres se les garantiza información y acceso a este servicio, no esperarán. Las imágenes que por lo general se utilizan para representar el aborto en medios de comunicación –a saber: de mujeres con una enorme panza, lo que significa que se trata de un embarazo ya avanzado– no coincide con la realidad.
El 75% de las interrupciones fueron realizadas con pastillas; el 22% fue por aspiración y el 3% por legrado. Esto tiene perfecto sentido: según la Organización Mundial de la Salud, las pastillas misoprostol y mifepristona son el método más recomendado para interrumpir un embrazo, antes de la novena semana (que es cuando la mayoría de las interrupciones ocurren). Estas pastillas tienen una efectividad del 95% cuando se toman de manera conjunta. El misoprotosl solo tiene una efectividad del 80% . El riesgo de sufrir algún tipo de complicación por ingerir estas pastillas es bajo: solo entre el 2-3% de las mujeres que las ingieren, en esta temporalidad y de la manera indicada, requerirán cuidados posteriores. Otro dato que vale la pena resaltar: en estos diez años, ni una sola mujer ha muerto por utilizar a este servicio (según la Directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad, en esta década se logró que se alcanzara una tasa cero de muerte por aborto). Según este estudio, en Estados Unidos, en donde el aborto es legal y practicado de manera segura, el índice de mortalidad de abortos inducidos es de 0.6 muertes por 100,000 abortos. El índice de mortalidad de mujeres que dieron a luz, es de 8.8 muertes por 100,000 partos. En otras palabras: el aborto, realizado en tiempo y forma adecuados, es más seguro que dar a luz.
Esta última idea me hace darme cuenta de cómo en sociedades como esta, se tienden a minimizar los riesgos que implica un embarazo. Está tan naturalizada la idea de que las mujeres “fueron hechas” para ser madres –biológica, psicológica y socialmente–, que se asume que el embarazo es, para efectos prácticos, algo que simplemente “fluye”. Que se da. Que es fácil. Y no. Las complicaciones con los embarazos pueden ser muchas. Con el aborto, en cambio, ocurre lo opuesto: sus riesgos se maximizan en la opinión pública. Persiste esta idea –gracias a los opositores del aborto–, de que la interrupción del embarazo es extremadamente riesgosa para las mujeres: las dejará infértiles, les causará cáncer y las dejará deprimidas y arrepentidas. Siempre y sin excepción. Y esto no es cierto. El aborto, cuando se practica en la temporalidad adecuada, de forma adecuada, con acceso a atención especializada, en un contexto libre y sin estigmas, es increíblemente seguro. El famoso “síndrome post-aborto” no tiene el más mínimo sustento científico.
Como ha sostenido la Asociación Americana de Psicología, después de revisar toda la evidencia sobre el aborto y la salud mental de las mujeres: (1) el riesgo de desarrollar desórdenes mentales en mujeres que tienen un aborto legal en el primer trimestre de un embarazo no deseado, por razones no terapéuticas, no es mayor que el riesgo de mujeres que llevan a término un embarazo no deseado. (2) El argumento que sostiene que el aborto, en sí (en contraste con otros factores), causa un desorden mental no tiene sustento en la evidencia existente. (3) La mayoría de las mujeres adultas que interrumpieron su embarazo no padecen de problemas de salud mental. La prevalencia de desórdenes en mujeres que abortaron es baja; la mayoría, de hecho, reportó estar satisfecha con su decisión de abortar un mes y dos años después de haberlo hecho. (4) Si bien la mayoría de las mujeres no presentan problemas de salud mental después de abortar, eso no significa que algunas mujeres no los lleguen a tener. Algunas mujeres sienten tristeza, culpa, pérdida después del acto. Lo importante, para la APA, es entender lo que está detrás de las respuestas psicológicas de las mujeres a sus abortos. Por ejemplo, el predictor más importante para la salud mental posterior al aborto en las mujeres lo era una historia de problemas mentales previa al embarazo. Muchos de estos factores también predicen las reacciones psicológicas negativas frente a otros eventos de vida estresantes (como el nacimiento del hijo), por lo que tampoco sirven para predecir únicamente las respuestas psicológicas posteriores al aborto. Otro factor también relacionado con las reacciones negativas al aborto es el del estigma social asociado al acto y el apoyo social en torno a la decisión.
Ahí están los datos. Penalizar el aborto no reduce los números de aborto, solo los hace inseguros. Penalizar el aborto, en otras palabras, no sirve para lo que se supone que se quiere lograr (reducir el número de abortos), pero sí tiene costos importantísimos para las vidas de las mujeres: merma su autonomía reproductiva, condiciona su salud y las orilla a la muerte. Despenalizar el aborto, por el contrario, respeta la autonomía de las mujeres, protege su salud y sus vidas.
Si genuinamente se quieren reducir los números de abortos –que creo que es algo que todo mundo quiere– y genuinamente se quiere proteger a las mujeres –que es algo que, ahora, todo mundo proclama–, la respuesta no se va a encontrar en el derecho penal. Tenemos que ir más allá.
P.D. Si bien la Ciudad de México es la única entidad federativa en México en la que el aborto está absolutamente despenalizado en las primeras doce semanas de embarazo, en el resto del país el aborto también es legal en ciertos supuestos. En concreto: el aborto en caso de que el embarazo haya sido resultado de una violación es legal en todos los estados de la República. Esto es: en todo el país, no se debe castigar a las mujeres por abortar, si el embarazo es producto de una violación. Más importante aún: gracias a la NOM 046, todas las mujeres del país (incluidas las adolescentes), tienen el derecho de acudir a las instituciones públicas de salud y exigir acceso al aborto, si el embarazo es producto de una violación. Todas, no importa en qué ciudad estén. Para ello, no es necesario que hayan interpuesto una denuncia penal por violación. Basta que acudan y manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que sufrieron una violación y que requieren acceso al aborto. En caso de que les nieguen este servicio, pueden demandar a las instituciones.
Con información de El Universal
