Las legislaciones restrictivas en México en torno al aborto llevan a las mujeres a acudir a métodos inseguros que causan su muerte. La Secretaría de Salud (Ss) reportó que durante 2017 el aborto se mantuvo como la tercera causa de mortalidad materna (MM) en el país después de las hemorragias obstétricas y las enfermedades hipertensivas, con una tasa de 2.3 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados.
Desde 2012, las expertas del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) recomendaron al Estado mexicano armonizar las leyes para garantizarles a todas las mexicanas el mismo derecho de acceder a la interrupción del embarazo. Cabe recordar que en Ciudad de México el aborto, hasta las 12 semanas de gestación, se despenalizó en 2007.
Las expertas le pusieron como plazo al Estado dos años para entregar un informe especial sobre el avance de estas reformas. La realidad es que no hubo ninguna armonización de las leyes y los decesos por abortos realizados en condiciones insalubres continúan en el país.
La cátedra Unesco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó el informe “El Acceso a la justicia y al aborto legal: exigencias del Comité de Cedaw a México 2015”, y fue publicado recientemente por el órgano de Naciones Unidas a propósito de la novena evaluación del gobierno mexicano.
El informe demuestra que la apertura a la interrupción legal del embarazo (ILE) en Ciudad de México, dada por la reforma en 2007 al Código Penal y a la Ley de Salud de CdMx, que permite detener un embarazo de forma voluntaria en las primeras 12 semanas de gestación, ha permitido un decremento de la mortalidad materna por abortos inseguros en la capital del país.
A partir de la recopilación de cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la cátedra Unesco elaboró este estudio y muestra que si bien Ciudad de México es una de las seis entidades con las tasas más altas de mortalidad materna por abortos inseguros —arriba de la nacional ubicada en 3.5 por cada millón de mujeres— es la única entidad de éstas que ha disminuido su tasa luego de despenalizar el aborto.
En 2010, a tres años de la reforma de la ILE, Ciudad de México registraba una tasa de 6.2 casos de muertes maternas por abortos inseguros por cada millón de mujeres entre los 15 a 49 años de edad; en 2012 alcanzó su tasa más baja de 4.7, y para 2014, incrementó a 5, revela el informe.
En casos totales, precisa, de 2010 a 2014 se registraron 65 defunciones de capitalinas por un aborto; para 2010 hubo 16 casos, en los próximos años se redujo a 12 casos, conservándose así hasta 2014.
Según el estudio, el estado de Campeche es la entidad con la mayor tasa de mortalidad por aborto en el país. Señala que en 2014 ocurrieron ocho defunciones maternas por aborto por cada millón de mujeres en edad fértil; no obstante, es una de las entidades que modificaron sus constituciones para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, criminalizando la práctica del aborto y solo permitiéndola en los casos excepcionales establecidos en la ley.
Las otras entidades con mayores tasas de MM por abortos inseguros en 2014 fueron Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, donde fallecieron por esta causa cinco mujeres por cada millón, y seis en Chihuahua. Ninguna, aparte de Ciudad de México, ha tenido cambios significativos de reducción de estos decesos, subraya el informe al que también contribuyó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
A pesar de los llamados que han hecho expertas de instrumentos internacionales como Cedaw —que es de cumplimiento obligatorio desde que México lo ratificó en 1981— los gobiernos estatales se resisten a garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. En cambio, imperan las posturas conservadoras para poner candados a las leyes del aborto, como “proteger la vida desde de la concepción”.
Al respecto, la cátedra de la Unesco detalló en el informe que le hizo llegar a Cedaw, que hasta octubre de 2016 un total de 19 entidades federativas modificaron sus legislaciones con dicha cláusula, estas son Baja California, Chiapas, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
El Estado mexicano se ha defendido ante Cedaw (como lo hizo en el informe especial sobre la armonización de la despenalización del aborto, que entregó un año tarde, en 2015) argumentando que “las 32 entidades federativas son libres y soberanas en su régimen interior, por lo que cada una define sus programas y políticas públicas, además de llevar a cabo su propio proceso legislativo”.
La única razón homologada en todo el país para acceder al aborto es la causal de aborto por violación, que además está estipulada en la Norma Oficial Mexicana 046 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres”. (NOM 046). De ahí, las causales varían en cada estado, se contemplan cuando la vida o salud de las mujeres están en riesgo, malformaciones genéticas o congénitas del producto, inseminación artificial o causas económicas graves.
El resultado de estas normativas restrictivas que el Estado, asegura, “no puede regular” es que 601 mujeres han fallecido de 2010 a 2014 por practicarse un aborto sin contar con las condiciones sanitarias adecuadas, de acuerdo con los registros presentados en dicho informe.
El programa de ILE no solo garantiza que las capitalinas tengan el acceso al aborto informado, consensuado y seguro, además de planificación familiar; a las mujeres de otros estados también les permitió ejercer el mismo derecho. Ellas representan 30 por ciento de los 195 mil 719 abortos realizados en el programa, de abril de 2007 al 23 de mayo de 2018 (58 mil 122 casos).
Pero como muestran las cifras de decesos por aborto, no todas tienen las posibilidades económicas y sociales para trasladarse a la capital a recibir el servicio.
Con información de Milenio
