Una tiene 12 años y la otra 11. Ambas fueron violadas y quedaron embarazadas. Y las dos, con el aval de sus madres, pidieron realizarse un aborto, una práctica que es legal en Argentina desde 1921 para casos de abuso sexual o peligro para la vida de la gestante.
En ambos casos -el primero ocurrido en enero pasado y el segundo esta semana- las autoridades de la Salud accedieron a interrumpir los embarazos, pero les negaron el derecho a un aborto.
Lo que pasó es que fueron obligadas a ser madre a través de una cesárea, debido al avanzado estado de sus embarazos.
Sus bebés nacieron muy prematuros, con menos de seis meses de gestación.
El que en enero falleció unos días más tarde. El de esta semana tiene pocas chances de sobrevivir, según los pronósticos médicos.
Los casos reavivaron el debate en Argentina en torno al derecho al aborto, medio año después de que el Senado rechazara legalizar la práctica en todas las causales.
Organismos que defienden ese derecho dicen que estos dos casos, ocurridos en las norteñas provincias de Jujuy y Tucumán, muestran que el Estado no está cumpliendo con su deber de brindar un aborto seguro a víctimas de violación, tal como indica la ley.
Además, consideran que obligar a niñas pequeñas a ser madres a través de una cesárea, es una forma de «tortura».
Grupos que trabajan con infancia aseguran que son muchos los casos de menores que quedan embarazadas como consecuencia de violaciones y son obligadas a ser madres, al negárseles el derecho a abortar.
Enojo a ambos lados
Las cesáreas, realizadas con menos de seis meses de gestación, también han generado malestar entre quienes se autodenominan «provida», que exigen que una vez que un feto es viable se prohíba la terminación del embarazo.
Una de las cosas que complica el debate es la ausencia de leyes claras.
A diferencia del proyecto de ley de aborto que fue rechazado por el Congreso, que permitía la interrupción hasta la semana 14 de gestación, la legislación nacional que permite el aborto en casos de violación no especifica un máximo de semanas de gestación. Pero algunas leyes provinciales prohíben la práctica después de las 22 semanas de embarazo.
Esa fue la premisa que utilizó el gobierno de Jujuy al autorizar una cesárea, en vez de un aborto, a la niña de 12 años que había sido violada por un vecino, y cuyo embarazo recién se detectó después de las 22 semanas.
Pero el caso más reciente en Tucumán, donde la víctima tiene 11 y fue abusada por el novio de su abuela, es aún más contencioso, porque la niña llevaba 16 semanas de embarazo cuando su madre denunció su condición y el crimen que lo provocó.
Fueron las dilaciones legales en torno a quién tenía la custodia de la menor -que estaba al cuidado de la abuela- las que llevaron a que la interrupción del embarazo -que terminó siendo una cesárea- se realizara recién a las 23 semanas de gestación.
«Salvar las dos vidas»
Otra cosa que causó indignación es que cuando el Ministerio de Salud de Tucumán finalmente permitió que se ponga fin al embarazo, a pedido de la Justicia, ordenó a los funcionarios del Hospital Eva Perón, donde se debía realizar la práctica, que «continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas«.
Esto se entendió como una orden de realizar una cesárea en vez de un aborto, como indica la ley nacional.
«Salvemos las dos vidas» es el lema de la campaña antiaborto que se impuso en agosto pasado durante el debate en el Congreso.
Los dos casos registrados con un mes de diferencia también han puesto en evidencia otro problema que según las agrupaciones a favor del derecho a elegir imposibilita que muchas niñas y mujeres abusadas accedan a su derecho a abortar: la objeción de conciencia.
Ningún médico del Hospital Eva Perón aceptó realizarle un aborto a la menor de 11 años y lo mismo ocurrió en el caso en Jujuy, donde el médico que realizó la cesárea a la niña de 12 terminó renunciado a su cargo público, tras la muerte del infante, en protesta por el procedimiento que debió llevar a cabo.
Según los médicos que intervinieron en ambos casos, realizar un aborto en embarazos tan avanzados hubiera puesto en peligro la vida de las niñas.
Sin embargo, el gran número de médicos que se oponen a realizar abortos en Argentina -un país de mayoría católica- significa, según quienes defienden esta práctica, que muchas niñas y mujeres -en especial en el interior del país- no tienen posibilidades de interrumpir sus embarazos, incluso cuando la ley lo permite.
Con información de BBC Mundo
