Niñas y mujeres sin Justicia.
Niñas violadas que son obligadas a ser madres. Mujeres que pierden su trabajo por estar embarazadas. Niñas a las que se les niega un método anticonceptivo y otras a las que se les obliga a usarlo. Mujeres que desean tener hijos y el estado les pone barreras. Niñas y mujeres para las que la sala de parto es su tumba. Estos son los derechos reproductivos que todos los días son violados en México, sin que haya debate ni mucho menos justicia al respecto.
GIRE acaba de presentar su nuevo informe: Niñas y Mujeres sin justicia: Los derechos reproductivos en México; una radiografía de lo que desde hace muchos años viene arrastrando nuestro país y que, poco se ha visibilizado y mucho menos se ha atendido correctamente.
Las violaciones a los derechos de las mujeres parecieran una cosa normal o cotidiana. Los derechos económicos, en particular el derecho a la salud en el marco de la reproducción que son violados todos los días a más de la mitad de la población no son cosa menor, aunque muchos así lo vean. Aquí también encontramos impunidad, corrupción y discriminación por parte de las autoridades y muchas víctimas.
Niñas violadas que son obligadas a ser madres. Mujeres que pierden su trabajo por estar embarazadas. Niñas a las que se les niega un método anticonceptivo y otras a las que se les obliga a usarlo. Mujeres que desean tener hijos y el estado les pone barreras. Niñas y mujeres para las que la sala de parto es su tumba. Éstas, también son ejecuciones. Terminan con planes de vida, con sueños, con familias, con futuros, con sonrisas.
Son seis los temas prioritarios de GIRE y seis los que se incluyen en este informe: anticoncepción, aborto legal y seguro, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida y compatibilidad de la vida laboral y reproductiva.
El primer eslabón de esta cadena son las violaciones relacionadas con el acceso libre, informado y sin discriminación o coacción a métodos anticonceptivos. Cuando hablamos de anticoncepción encontramos dos caras de la moneda: por un lado y de acuerdo con las cifras públicas oficiales,de cada diez adolescentes entre 15 y 19 años, dos han estado embarazadas más de una vez y se estima que 17.4% de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años. En la otra cara, encontramos casos de anticoncepción forzada, donde el personal de salud impone métodos anticonceptivos a las mujeres sin que haya mecanismos efectivos de acceso a la justicia. Mismo caso con la esterilización forzada, en el que solamente 15 estados tienen contemplada tal práctica como delito, a pesar de ser una situación recurrente sobre todo en mujeres indígenas.
En cuanto a la criminalización en materia de aborto, tenemos 682 denuncias reportadas en los estados. En los cinco casos que llevamos en GIRE, las denuncias las realizó el propio personal de salud. Los estados que más denuncias han hecho contra las mujeres son el Distrito Federal, Quintana Roo, Baja California, Veracruz y Guanajuato. Hay nueve mujeres en prisión definitiva y trece en preventiva. Tenemos 29 sentencias reportadas por los tribunales de justicia. Nuestro país invierte en perseguir a mujeres sin recursos económicos e informativos, para perseguirles por el hecho no haber querido continuar un embarazo o haber tenido un aborto fortuito.
Aunque en algunos estados el aborto sea legal, el acceso es casi nulo. GIRE litiga 12 casos de aborto por haberse negado una causal legal, de los cuales 10 son embarazos por violación sexual y 8 de éstos son de menores de edad de entre los 13 y 17 años. Entre los obstáculos que enfrentan las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual para acceder a un aborto legal, están el requisito de un plazo, la autorización de un ministerio o juez, o la obligación de presentar una denuncia previa, lo cual contraviene la Ley General de Victimas.
La violencia obstétrica está presente en todo el país. Actualmente, GIRE lleva 10 casos en los que los derechos de las mujeres han sido violados ya que se les ha negado la atención médica adecuada, poniendo en riesgo su vida y la de sus hijos. La respuesta hasta el momento de algunos estados ha sido la criminalización, en lugar de buscar soluciones que vayan al fondo del problema estructural del fallido sistema de salud que tenemos. Las cesáreas no requeridas son un claro ejemplo. Mientras la OMS recomienda entre un 10 y 15 %, el ISSSTE nos reportó que tiene un 67.5 % de cesáreas.
En cuanto a muerte materna es cierto que ha habido avances, pero esto solo ha sucedido en algunos estados como Tlaxcala; sin embargo, las muertes han aumentado en Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo. 129 muertes maternas en 2013 corresponden a menores de 19 años, seis de éstas eran niñas de 10 a 14 años.
Al hablar de Reproducción Asistida, la falta de una regulación en la materia provoca que exista un campo de incertidumbre jurídica que permite abusos y discriminación en contra de las personas que participan de estas técnicas, así como desprotección para el personal de salud involucrado. Entre las técnicas de Reproducción Asistida, la gestación subrogada impone retos particulares que deben atenderse tanto a nivel federal como local. Esta práctica ya está contemplada en legislaciones de dos estados, Tabasco y Sinaloa; sin embargo son limitativas.
Por último, para hacer compatible la vida reproductiva con la vida laboral, existen obstáculos graves, empezando por la falta de afiliación a un esquema de seguridad social así como condiciones generales de discriminación en la normativa vigente. Un ejemplo es la Ley del Seguro Social que facilita el acceso a las estancias infantiles a los hijos de mujeres afiliadas, pero en el caso de los hombres afiliados, lo restringe solamente para aquellos que sean viudos o divorciados con la patria potestad de sus hijos. Esto reproduce los estereotipos sobre el papel de las mujeres como únicas responsables del cuidado de los hijos.
A pesar de que últimamente mucho se ha hablado de incentivar la lactancia materna, las mujeres, particularmente las que trabajan fuera del hogar, enfrentan barreras importantes como la falta de condiciones laborales que favorezcan esta práctica como horarios flexibles de trabajo, estancias infantiles cercanas a los lugares de trabajo y lactarios. Es decir, se necesitan modificar las condiciones que enfrentan las mujeres para dar leche materna a sus hijos implementando una política integral de compatibilidad.
Todo este descrito es aterrante y el informe da cuenta de ello con historias de mujeres y familias de carne y hueso que han sufrido estas violaciones. Todas las historias que contiene el informe de valientes guerreras y guerreros que se han atrevido a alzar su voz y a buscar justicia para cumplir sus derechos, son lo más poderoso.
Con información de Animal Político.
