834 médicos y profesionales de la salud de 44 países de todas las regiones del mundo han sumado sus voces a la creciente presión a favor de la despenalización del aborto firmando la carta abierta a los gobiernos que hoy publica Amnistía Internacional.
En la carta, piden a los gobiernos que dejen de interferir en la capacidad de los profesionales de la salud para prestar atención sanitaria, advirtiendo de que la criminalización del aborto pone en peligro la salud y la vida de las mujeres y niñas.
“La criminalización del aborto impide a quienes prestan servicios médicos y de salud brindar el mejor cuidado posible y la medicación indicada de acuerdo con los deseos de las pacientes”, decía la carta.
“Prescinde del criterio médico e impide que este se aplique, y puede socavar el deber profesional de atención y confidencialidad que los doctores y las doctoras les deben a sus pacientes.”
Profesionales de la salud de instituciones de todo el mundo han firmado la carta, entre ellas el Hospital Universitario Ghent de Bélgica, la Universidad Nacional del Comahue de Argentina, la Facultad de Medicina de Harvard en Estados Unidos y la Universidad Cape Town de Sudáfrica.
El 40 por ciento de las mujeres en edad de procrear vive en países donde el aborto está prohibido, está muy restringido o no es accesible. Los abortos peligrosos son responsables del 13 por ciento de las muertes maternas, y causan la muerte cada año de 47.000 mujeres y niñas.
“El número tan elevado de respetados profesionales de la salud signatarios de la carta reafirma lo que las mujeres llevan años diciendo: los gobiernos no pueden seguir alegando que la criminalización del aborto no tiene ningún impacto en la atención para la salud que reciben las mujeres y niñas”, declaró Sara MacNeice, directora de la campaña Mi cuerpo mis derechos de Amnistía Internacional.
“Convertir en delincuentes a las mujeres que abortan viola sus derechos humanos y puede poner en peligro su vida. En numerosos países del mundo, Amnistía Internacional ha documentado casos sobrecogedores de mujeres obligadas a seguir adelante con embarazos inviables debido a las leyes restrictivas. Hemos visto a mujeres y niñas embarazadas como consecuencia de una violación forzadas a llevar a término el embarazo y a dar a luz.
“El derecho internacional es claro: como mínimo, las mujeres deben tener acceso al aborto cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer o niña, en casos de malformación fetal severa o mortal, y en casos de violación o incesto. El derecho internacional también establece que en ninguna circunstancia se considerará una delincuente a la mujer que se someta a un aborto.”
La campaña global de Amnistía Internacional Mi cuerpo mis derechos tiene por objetivo poner fin al control y la criminalización de la sexualidad y la reproducción por parte de los gobiernos. Ha puesto de relieve la situación en El Salvador, Irlanda y Chile, tres países donde las barreras legales al aborto limitan gravemente la capacidad de los médicos para prestar a las mujeres la atención para la salud que necesitan.
Médicos de Irlanda, El Salvador y muchos países más han hablado con Amnistía Internacional de las restricciones que las leyes sobre el aborto imponen a su capacidad para atender a sus pacientes.
El Salvador
Los profesionales de la salud de El Salvador pueden ser enjuiciados y encarcelados entre seis y 12 años por practicar un aborto, en cualquier circunstancia. Como consecuencia, se ven obligados a observar el estado de la mujer hasta que el deterioro sea suficiente para intervenir, lo que podría dañar al feto, según un informe de Amnistía Internacional publicado en septiembre de 2014.
Un médico que trabaja en la unidad de salud materna de un hospital público de El Salvador dijo a Amnistía Internacional que la ley impide que los médicos actúen si las complicaciones del embarazo ponen en peligro la salud de una mujer:
“No es una cuestión médica lo que estamos discutiendo, sino que es una cuestión puramente y netamente legal. Todos sabemos qué es lo que hay que hacer, pero volvemos a que todos estamos amarrados con lo escrito en la ley”.
Irlanda
Los médicos y profesionales de la salud de la República de Irlanda pueden ser condenados a un máximo de 14 años de cárcel si practican un aborto o ayudan a practicarlo cuando la vida de la mujer o niña no corre peligro, aunque actúen para proteger su salud.
En un informe de junio de 2015, unos médicos dijeron a Amnistía Internacional que tenían que elegir entre infringir la ley o prestar una atención potencialmente peligrosa —y poco ética— a sus pacientes.
El doctor Peter Boylan, tocólogo, ginecólogo y ex director y director clínico del National Maternity Hospital de Irlanda, dijo a Amnistía Internacional en relación con la cuerda floja legal y ética por la que se ve obligado a caminar el personal médico:
“En virtud de la [ley actual] debemos esperar hasta que las mujeres están lo bastante enfermas para poder intervenir. ¿Hasta qué punto hemos de acercarnos a la muerte? No hay respuesta para eso.”
Chile
En Chile, según el Código Penal, los profesionales de la salud podrían ir a prisión por practicar un aborto o ayudar a practicarlo. Los propios profesional de la salud denuncian a menudo a la policía lo casos de aborto.
El médico obstetra René Castro puso de relieve los problemas causados por tener que esperar hasta que exista un peligro inminente antes de poder intervenir:
“Hoy hay mucho más acuerdo internacional en hablar de calidad de vida. Entonces, el tema es si voy a esperar a que una mujer esté en una UTI [Unidad de Tratamientos Intensivos] por una complicación severa de una patología previa para poder intervenirla, o voy a anticiparme a ese evento dramático y voy a aceptar si me dicen: ‘doctor, yo preferiría interrumpir el embarazo antes de llegar a eso’”, porque “el foco habría que ponerlo en la decisión de la propia mujer.”
Con información de Amnistía Internacional.
