Desde 1998, El Salvador tiene una de las legislaciones más punitivas sobre el aborto. Hasta ese año, el aborto no era penalizado si el embarazo ponía en riesgo la salud de la mujer, si la mujer había sido violada o si el feto presentaba una malformación que no permitiera su vida extrauterina. Sin embargo, a partir de 1998 cualquier tipo de aborto es penalizado: inclusive el aborto espontáneo. Según la legislación salvadoreña, las mujeres somos homicidas por elegir conservar nuestra propia vida ante la amenaza de perderla. Hoy en día, si mi abuela hubiera estado en edad reproductiva podría estar en riesgo de ser criminalizada por no tener un útero propicio para el feto.
En el aborto que tuvo mi abuela veo plasmada la historia de las 17 y de muchas otras mujeres que han tenido que silenciar su historia por miedo a ser condenadas. ¿Qué tienen en común las mujeres que en este país son víctimas de la penalización del aborto impuesta por leyes heteropatriarcales con tintes religiosos y hasta misóginos? La mayoría de estas mujeres provienen de áreas con condiciones excluyentes: áreas rurales, mujeres con bajos índices de escolaridad y empleos precarios. Las diferentes organizaciones que trabajan por la despenalización del aborto afirman que las mujeres en situación de pobreza son las más vulnerables a sufrir la penalización del aborto. Son estas las mujeres que recurren al sistema público de salud y que son denunciadas por ser abortistas. Son ellas las que no pueden pagar hospitales privados, clínicas privadas o doctores privados así como lo hacen las mujeres de clases sociales más altas que pueden permitirse el lujo de recurrir a la salud que su dinero les permite comprar; y así tener el privilegio de no enfrentar un proceso penal. En El Salvador, tener poder adquisitivo equivale a tener el privilegio de no ser criminalizada por abortar.
Al observar el panorama de la criminalización del aborto en el país, parece que ninguna mujer que puede pagar el sistema de salud privada ha abortado, únicamente las mujeres con escasos recursos abortan. ¿Será que en los hospitales de la Escalón, desde 1998 hasta ahora, ninguna mujer ha estado en la misma situación que Marina, Salvadora o alguna otra de las 17? A las mujeres que tienen la posibilidad de pagar servicios de salud privados se les ha permitido vivir el aborto de forma más digna: con las atenciones adecuadas, con la privacidad que se merecen y sin la injerencia del gobierno sobre sus cuerpos. Abortar en El Salvador es un privilegio: yo pertenezco a las mujeres que tienen ese privilegio, el privilegio a decidir seguir viviendo y pienso que en El Salvador no se podrá hablar de justicia de género hasta el momento en que ese privilegio se extienda a todas las mujeres en este país, sin importar su poder adquisitivo.
No es casualidad que las mujeres que han sido criminalizadas por abortar vivan en situación de pobreza; es la consecuencia directa de un sistema de leyes que pisotean los derechos de las mujeres y de un sistema de privilegios que dejan desprotegidas a las que han sido doblemente castigadas: primero por ser mujeres y segundo por ser mujeres con escasos recursos monetarios. Ya basta de la hipocresía de la clase media y alta que se opone al aborto, especialmente la que se opone al aborto por cuestiones de dogmas. A esa clase social el aborto no les es ajeno pero lo viven de una manera mucho más digna y tienen los medios monetarios que les permiten que sus casos no sean denunciados. Todas las clases sociales abortan, pero solo una sufre las consecuencias de las leyes.
Según el ministerio de Salud, entre 2005 y 2008 se registraron 19,290 abortos sin contar los casos que han sido silenciados. El número de abortos no aumentará al legalizarlo y penalizarlo no disminuye que las mujeres abortemos. Legalizarlo permitirá que las mujeres y niñas con menos recursos económicos tengan el derecho a vivir o vivir en libertad. Les permitirá a estas niñas y mujeres tener acceso a un sistema de salud público que verdaderamente se ocupe de ellas. La ley que penaliza el aborto es una ley de corte patriarcal que respalda que nuestras vidas (de las mujeres) no valen nada, que nuestras vidas tienen el valor que les otorgan leyes creadas principalmente por hombres. La penalización solo facilita que se siga perpetuando la violencia contra la mujer. Los casos de criminalización del aborto reflejan la disparidad que existe en nuestra sociedad salvadoreña donde siempre las mujeres en situación de pobreza son las que salen perdiendo. También muestra que quienes hacen las leyes son las personas con privilegios. Estoy a favor del aborto porque todas las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y tenemos el derecho a decidir seguir viviendo sin que se nos criminalice.
En la Ciudad de México el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación. Cualquier mujer de cualquier estado de la República puede acceder a una interrupción legal del embarazo en la CDMX o en sus estados, dependiendo de la causal.
Con información de revista Factum
