Argentina podría ser el próximo país en legalizar el aborto libre. El 8 de agosto el Senado votará el proyecto de ley que ya fue aprobado (aunque de manera muy apretada) en el Congreso. De aprobarse, ¿cómo cambiaría la vida de las mujeres?
Quienes están en contra del proyecto de ley argumentan, entre otras cosas, que aumentarán las cifras de interrupciones voluntarias del embarazo. Sin embargo, la evidencia dice otra cosa: «restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos», explica la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los datos de interrupciones de embarazo a nivel mundial. Esta organización asegura que el 25% de los embarazos en el mundo acaban en aborto provocado.
Cuando la OMS asegura que legalizar el aborto no significa que se realicen más prácticas de este tipo se refiere a que las mujeres que desean interrumpir el embarazo suelen hacerlo aunque sea ilegal. La diferencia radica en que, si no hay un sistema de salud que garantice la seguridad del proceso, recurren a métodos que pueden causarles graves daños, como abortos incompletos, hemorragias, lesiones vaginales, cervicales y uterinas, infecciones o incluso la muerte.
De hecho, un informe de la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina asegura, citando datos oficiales, que en el país en 2016 murieron 43 mujeres por estos procesos insalubres. Asimismo, datos oficiales cifran en 49.000 los ingresos hospitalarios en 2013 por problemas con abortos.
Un estudio de 2005 titulado «Estimación de la magnitud del aborto inducido en la Argentina» y financiado por el Ministerio de Salud estimó que en el país se realizaron en el año 2004 entre 485.974 y 522.216 abortos inducidos en mujeres que viven en ciudades con 5.000 habitantes o más. Eso sí, el estudio avisa que se trata de estimaciones y que podrían estar sobreestimadas, pero da una idea de lo extendido de esta práctica en Argentina.
El caso de Uruguay
Para conocer los efectos de la despenalización del aborto en un país es útil mirar el caso de otras naciones, especialmente si estas tienen culturas relativamente similares. Hablando de Argentina, podemos echar un vistazo a su país vecino: el Congreso de Uruguay aprobó en 2012 la despenalización del aborto. ¿Qué ocurrió entonces? Disminuyeron los abortos y las tasas de mortalidad de las mujeres.
«Repasando las estadísticas, si bien en el período de 1995 a 2002 se estimaba unos 33.000 abortos ilegales por año de promedio, tras entrada en vigor de la ley, en 2012-2013 se registraron 6.676 casos. También evidencian que la mayor cantidad de casos ocurren en Montevideo y en instituciones públicas», informó el Gobierno en una nota de prensa un año después de la implementación de la ley.
Tras estos datos, las cifras de aborto han ido aumentando paulatinamente, aunque siguen siendo inferiores a las estimadas anteriores. En 2017 se contabilizó una media de 819 abortos mensuales, según las últimas cifras oficiales. En ellas se incluye que la inmensa mayoría de las mujeres que abortaron tenían más de 20 años y lo hicieron por voluntad propia (no por riesgos de salud o violaciones).
Otro punto importante que afecta al aborto es su efecto en la salud (y la vida) de las mujeres: el Gobierno informó en 2017 que la mortalidad materna bajó de 11 casos en 2015 a 8 en 2016, por lo que se situó como el país de América Latina con los indicadores más bajos de mortalidad materna. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, informó este año de que su país seguirá trabajando por el bienestar de la mujer y los hijos.
«El gran cambio es que, desde que se aprobó la ley en 2012, se calcula que unas 40.000 mujeres resolvieron su situación de embarazo no deseado y aborto en el sistema nacional de salud», opinó Lilián Abracinskas, directora de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). Eso sí, alegó que aún quedan pendientes ciertos problemas, como la implementación de forma universal (las mujeres migrantes con menos de un año en el país no tienen acceso al aborto), algo que la organización expresó también en un estudio de 2016 al respecto.
Lo que argumentaron quienes defendieron el proyecto de ley era el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo, además de terminar con la red de clínicas clandestinas que practicaban abortos. El primer factor se consiguió, de acuerdo a un informe publicado en 2017 en la Revista de Ciencias Sociales: «la sola voluntad de la mujer es suficiente para que todas las instituciones de salud del país brinden este servicio», escriben los autores, Felipe Arocena y Sebastián Aguiar.
En cuanto a las clínicas clandestinas, la directora de MYSU alertó de que ahora son «todavía más clandestinas» y es el lugar al que acuden aquellas inmigrantes sin derecho a abortar, según ella.
Otro estudio publicado en 2016 en la revista Reproductive Health Matters expone que, pese a la mejora de la situación de las mujeres con esta ley, aún le faltan aspectos y que no ha cambiado ciertos criterios de la sociedad: «el estigma persiste, especialmente en pequeños pueblos», dice el reporte, lo que explicaría que la mayoría de los abortos se producen en la capital, según los datos oficiales.
«Sigue el estigma, pero no es comparable». Abracinskas explicó esto a CNN en Español aludiendo a que el aborto estuvo penalizado durante muchos años en Uruguay, y ha pasado relativamente poco tiempo desde que se legalizó. Aún es necesario que «la ciudadanía se apropie de los cambios».
«Una ley no tiene efecto mágico», comentó, asegurando que, después de cambiar la normativa, aparece «un nuevo espectro de desafíos» que tienen que ver, entre otros aspectos, con promover esos cambios mediante campañas para que calen en la cultura y la sociedad. Algo que, critica, no ha logrado del todo el Gobierno de Uruguay.
El debate no acabó
«Nosotras también pensamos que, una vez que tuviéramos la ley, podríamos descansar», comentó Abracinskas entre risas de resignación. Lo cierto es que el debate sobre el aborto sigue estando candente en la sociedad uruguaya: desde grupos parlamentarios minotirarios que tratan de revertir la situación a médicos que alegan objeción de conciencia para no practicar abortos, según esta organización.
De acuerdo con datos de MYSU, hay localidades donde todos los médicos alegaron objeción de conciencia, lo que se convierte en una barrera para la aplicación de la ley ya que dejan a las mujeres sin acceso a la medicación de aborto «y tienen que trasladarse a otros lugares del país. Esto también genera problemas e inconvenientes». Este tema es, dijo Abracinskas, un «debate pendiente» y «pertinente».
«El Estado tiene la obligación de brindar servicios y, si no tiene la suficiente cantidad de profesionales para hacerlo no garantiza a las mujeres algo que está definido por ley y, por otro lado, entra en falta por indecensión del Estado de una ley consagrada», aseguró.
CNN en Español se puso también en contacto con la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay para obtener su punto de vista al respecto, pero no obtuvo respuesta.
«Los médicos no somos policías, no somos jueces, no somos sacerdotes», escribió en 2013 Leonel Briozzo, profesor titular clínica Ginecotocológica “A” de la facultad de Medicina de la Universidad de la República en el Boletín de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG).
En este texto, opinó que «la omisión de actuar o incluso retrasar la acción profesional, implica, por el riesgo en el que se deja a la mujer, accionar de manera maleficente». «No creemos admisible incrementar el riesgo de las mujeres más vulnerables en base a hacer primar nuestra visión personal sobre la de nuestros pacientes», agregó.
Con información de CNN en español
