Cuando una mujer se dispone a entrar en la clínica londinense Marie Stopes para abortar, algo a lo que tiene derecho por ley, es muy probable que tenga que pasar ante una fila de personas que sostienen carteles con mensajes como “no matarás”. Si la paciente decide evitar el contacto visual y dirigir su mirada al suelo, tendrá que ver fotografías de fetos, algunos destrozados, que han sido colocadas a los pies de la puerta. Antes de entrar, si se detiene a hablar con las personas que guardan vigilia junto a la puerta, cabe la posibilidad de que se le entregue un rosario, un pasquín en el que se le ofrece ayuda para cambiar su estilo de vida, o una diminuta figurita de plástico de un feto. Una vez en el interior, en alguna de las consultas, podrá escuchar las oraciones que se repiten desde el exterior, cinco días a la semana, desde hace más de 20 años.
Estas y otras prácticas han sido criticadas por el colectivo Sister Supporter, que, como viene haciendo desde hace dos años, ha organizado su mesa informativa en la zona ajardinada delante de esta clínica de Ealing, en el sureste de la capital británica, a pocos metros de donde reza el rosario un grupo de antiabortistas. Una chica que acaba de llegar de correr en el parque cercano se detiene ante las mujeres vestidas con chalecos reflectantes rosas. “Quería darles las gracias por lo que han hecho, es increíble”, les dice, y procede a firmar en los cuadernos desplegados sobre la mesa. “Tenemos más de 3.500 firmas”, explica orgullosa una de las activistas.
El ambiente del lado de la protesta de Sister Supporter es de victoria. Las mujeres de los chalecos rosas acaban de lograr algo histórico. El Ayuntamiento de Ealing ha aprobado la creación de una zona de exclusión de protestas en torno a la clínica Marie Stopes, para evitar que los antiabortistas acosen e intimiden a las pacientes.
Se trata de tramitar una Orden de Protección de Espacios Públicos, una figura legal existente en Inglaterra y Gales desde 2014, que criminaliza en determinados lugares comportamientos que normalmente no serían delictivos. Existe una, por ejemplo, en el adinerado distrito de Kensington y Chelsea, que prohíbe conducir coches de manera ruidosa debido a la proliferación de millonarios que pasean sus Ferraris y Lamborghinis por el barrio. En el caso de Ealing, lo que podría parecer una medida local supone en realidad un gran triunfo para el movimiento proelección británico.
Los activistas denuncian que el número y el tono de las protestas antiabortistas han crecido mucho en los últimos tiempos en Reino Unido. Otros municipios que también acogen clínicas de interrupción del embarazo estudian seguir el ejemplo de Ealing. Y el asunto ha llegado al Parlamento. Coincidiendo con el 50 aniversario de la ley del aborto británica, la diputada laborista de Ealing entregó a la ministra del Interior, Amber Rudd, una carta firmada por 113 legisladores, entre ellos los líderes de los principales partidos de la oposición, pidiendo que se regulen las protestas en las clínicas. A raíz de ello, Rudd ha encargado una evaluación a escala nacional para promover una legislación que proteja a las mujeres de la “inaceptable intimidación” que sufren por acceder a la asistencia sanitaria.
“Lo que plantea la ministra es un cambio legislativo que considere esta intimidación como un tipo de violencia de género. Esperamos que en el plazo de tres años habrá un cambio en la legislación nacional. Estamos muy orgullosas de que nuestra acción en Ealing haya provocado un efecto dominó”, explica Anna Veglio-White, fundadora de Sister Supporter.
Veglio-White, de 25 años, nació y creció a pocas manzanas de la clínica Marie Stopes, y las protestas antiabortistas se habían convertido en parte de su paisaje. “Estudié fuera, y cuando volví de la universidad a casa me impresionó que los vecinos nos habíamos habituado. Eso no es bueno. No es sano tener que cambiar de acera o explicar a tus hijos qué hace esa gente ahí. Así que puse un anuncio en la prensa local, mucha gente respondió y empezamos a reunirnos”, recuerda.
Junto a la puerta de la clínica, un sacerdote irlandés que se presenta como padre John explica que lleva viniendo a manifestarse aquí cuatro años con la llamada Red del Buen Consejo, un colectivo católico que ofrece “ayuda y apoyo a mujeres embarazadas”. Ellos niegan cualquier tipo de acoso y confían en que la ministra Rudd, a quien han remitido una carta, “también hable con las mujeres que eligieron la vida, fuera de las centros abortivos, porque se les ofreció ayuda y apoyo”.
“No es cierto que acosemos a las mujeres, solo les damos información”, explica. “Dicen que las presionamos, pero esas mujeres ya están bajo presión psicológica y a menudo no saben que tienen otras opciones. Es difícil mirar esas fotos, lo acepto, pero si una sola mujer cambia su opinión, vale la pena”.
En la clínica Marie Stopes, que ha instalado cámaras de videovigilancia para documentar lo que sucede en el exterior, no están de acuerdo. “Durante demasiado tiempo, estos grupos han usado la palabra protesta para enmascarar sus verdaderos objetivos, que son acosar a mujeres a las que no conocen, invadir su espacio y bloquear su derecho a la sanidad pública”, explica Richard Bentley, director adjunto del centro. “La mayoría de mujeres que viene a nuestra clínica ya ha tenido una consulta con un profesional preparado en la que se les ha informado de sus opciones, y han tomado una decisión que es la correcta para ellas”.
50 AÑOS DE ABORTO LEGAL
P. G
La ley del aborto británica, que este octubre cumplió 50 años, autorizó la interrupción del embarazo hasta las 28 semanas de gestación en Inglaterra y Gales, aunque una enmienda de 1990 redujo el cómputo a las 24 semanas actuales.
La norma de 1967 no se aplica en Irlanda del Norte, donde el aborto, sometido a la legislación de delitos contra las personas de 1861, solo es legal en circunstancias excepcionales para la vida de la mujer embarazada. En noviembre de 2015, un juez de Belfast dictaminó que la prohibición en Irlanda del Norte contravenía la normativa europea de derechos humanos. El Gobierno apeló y, este verano, el tribunal resolvió que cualquier reforma correspondería a la Asamblea de Stormont, que ahora mismo se encuentra paralizada por la incapacidad de crear un Gobierno de poder compartido entre republicanos y unionistas.
Con información de El País.
