Te compartimos el siguiente texto elaborado por las compañeras de Antes de Eva, que describe perfectamente la situación en cuestión de Derechos Humanos, y Derechos Sexuales y Reproductivos en la que nos encontramos en México.
En 2008 la PGR y la CNDH, interpusieron ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada por la ALDF para la Interrupción Legal del Embarazo; Rosario fue condenada por los médicos a sufrir el dolor de un proceso invasivo al cuerpo sin anestesia y después fue condenada por un juez.
La cruzada católica contra los Derechos Humanos dejó ya varios estragos y ahora se organiza para manifestarse en contra de los derechos de las personas homosexuales al matrimonio igualitario.
Estos movimientos moralinos contra los derechos fundamentales de las mujeres y de la comunidad LGBTTTI en México no son un montón de señoras y señores mochos con pancartas, es mucho más que eso, es la jerarquía católica incidiendo en las leyes mexicanas para protección de sus intereses, y no son pocos sus triunfos.
El 26 de abril de 2007 en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, gracias al impulso de los movimientos feministas las autoridades hicieron su trabajo y despenalizaron el aborto en esta entidad, garantizando así este derecho fundamental a las capitalinas. Sin embargo este logro abrió la puerta para que la derecha católica conservadora metiera su cuchara.
En 2008 la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación.
Así como lo leen, la CNDH, entonces presidida por José Luis Soberanes, en lugar de cumplir con su misión en la defensa de los derechos ciudadanos, en este caso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a petición de legisladores y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) impugnó esta reforma.
La respuesta de la SCJN ante esto fue que cada entidad tiene derecho a hacer con su legislación lo que le venga en gana, lo que abrió la puerta, no para avanzar en cuanto a Derechos Humanos, sino para retroceder. Desde 2008, año en el que la Suprema Corte emitió esa sentencia, 18 entidades ya modificaron sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción”, reformas que van contra la legislación nacional e internacional.
La última entidad en modificar su constitución fue Veracruz, el gobernador Javier Duarte de Ochoa hizo el anuncio antes de terminar su sexenio del terror, y lo hizo acompañado de jerarcas de la iglesia católica, ante lo que declaró que si fue así es porque, aunque la constitución establece la separación entre el Estado y la Iglesia, hay iniciativas en las que coinciden, ¡vaya coincidencia!
Y aunque a pesar de estas modificaciones hay causales que permiten el aborto en todo el país, como cuando es producto de violación, la criminalización que pesa sobre las mujeres que abortan atenta contra su integridad, su salud y su vida.
La desinformación y los prejuicios son algo personal, cada quien decide que tan retrógrada o progre es, sin embargo cuando uno es funcionario público o prestador de un servicio, de salud por ejemplo, estos prejuicios deben dejarse en casa, aun así pesan sobre la práctica, lo que lleva a los médico a ejercer la violencia obstétrica y ginecológica.
Muestra de esto son los casos de pacientes que son denunciadas por abortar, en los que los denunciantes son los mismos médicos, esto además, viola su derecho a la confidencialidad médico-paciente. La organización civil Las Libres, en 2008 publicó el informe Víctimas por partida doble en el que dan cuenta de los casos de mujeres criminalizadas por abortar.
Ana Cristina Ramos para el proyecto Pie de Página de la organización Periodistas de a Pie, publicó un texto sobre uno de estos caso, el de Rosario, quien fue denunciada ante el Ministerio Público (MP) por cinco de los médicos que la atendieron. Un mes después policías ministeriales vestidos de civil fueron a su casa y con engaños la llevaron al Cereso de León. El 19 de noviembre de 2008 un juez le dictó sentencia por el delito de aborto y le imputó una pena de nueve meses de prisión y una multa de 13 mil 315 pesos.
Este caso cae en la violencia obstétrica, la cuál es una forma específica de violación a los Derechos Humanos y reproductivos de las mujeres, que incluyen los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva.
Esta violencia se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud —públicos y privados—, y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género, de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Rosario también fue víctima de violencia ginecológica, que no es lo mismo que la obstétrica, ésta se trata de todo acto mediante el cual se ejerce una conducta abusiva por parte del personal de salud en el contexto de la consulta ginecológica, que vulnere el derecho de las mujeres a decidir de forma libre sobre su sexualidad. Esta conducta abusiva pueda manifestarse de manera psicológica, física y/o sexual, según la Asociación Civil de Planificación Familiar (PLAFAM).
Cuando Rosario llegó al hospital después de practicarse un aborto con misoprostol, para el personal médico dejó de ser una persona y recibió el peor trato, el personal le dijo cosas como “las mujeres no hacen eso (abortar)”, “mujeres como tú no debieron nacer” y el doctor sentenció “hazle el legrado así, sin anestesia”.
Así Rosario fue condenada por los médicos a sufrir el dolor de un proceso invasivo al cuerpo sin anestesia y después fue condenada por un juez, todo por decidir sobre su cuerpo, derecho establecido en la Constitución Mexicana en el artículo cuatro y reconocido recientemente como fundamental por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Estos son los efectos de esta cruzada católica, la desinformación y los prejuicios ganan la batalla contra los Derechos Humanos, se obstaculiza el acceso de las mujeres a la salud y a la justicia. Ante esto no nos queda más que organizarnos, estar juntas, hacer un frente unido para la defensa de nuestros derechos.
Porque la decisión sobre nuestros cuerpos tiene que ser libre y autónoma, independiente de la regulación estatal y religiosa. Porque el cuerpo es nuestro, nuestra es la decisión. Porque #InterrupirSalvaVidas y #VivasNosQueremos, #NiUnaMás presa por abortar, #NiUnaMenos por practicarse un aborto clandestino.
Con información de Antes de Eva
