El díficil camino del aborto.
La decisión de Colombia de procesar a una actriz por interrumpir su embarazo abre de nuevo el debate.
La actriz colombiana Carolina Sabino se vio obligada a dejar el lado amable de los escenarios para convertirse en el rostro del aborto en su país. Su caso se hizo público el viernes pasado cuando la Fiscalía de Colombia anunció que sería procesada por un supuesto aborto ilegal, lo que generó una oleada de indignación entre los defensores de los derechos de las mujeres. A favor o en contra del aborto, la mayoría coincidió en que la vida privada debe respetarse.
La Fiscalía conoció el suceso cuando interceptó una conversación telefónica de la actriz con su hermana, en una investigación ajena a ella. Sabino se mostró sorprendida porque un hecho «tan personal y doloroso» fuera expuesto de esa manera y dijo que habían atacado su dignidad y, sobre todo, sus derechos como mujer.
Como resultado, la Fiscalía dio marcha atrás, e incluso el fiscal general, Eduardo Montealegre, se declaró defensor del derecho de la mujer a interrumpir el embarazo en los tres casos que se permiten en Colombia: cuando hay riesgo para su vida o salud (física y mental), malformación del feto o es producto de una violación. Pero lejos de apaciguarse, el debate quedó abierto, evidenciando que hay un gran desconocimiento de la jurisprudencia sobre el aborto.
En Colombia, donde no hay un sistema sólido que registre las interrupciones voluntarias del embarazo, hay cerca de 400.000 abortos al año, de los cuales solo el 1% sería legal, según el instituto Guttmacher de Nueva York. Mónica Roa, la abogada que lideró hace una década la despenalización parcial, asegura que existen garantías institucionales para las mujeres que ejercen este derecho por la vía legal. «Hemos tenido que enfrentar a un procurador general. Sin ninguna vergüenza ha usado el poder del Estado para evitar que la sentencia de la Corte [constitucional] se pueda cumplir y ahora nos enfrentamos a una Fiscalía que no tiene el tema claro y, [que] aunque se haya retractado, ya creó muchas dudas para las mujeres sobre lo que les puede pasar si abortan legalmente», agrega.
Indicador de cambio.
Cada año un total de 132.000 mujeres sufren complicaciones por abortos clandestinos, según una comisión oficial. Las barreras van desde la negación del servicio, la rotación por varios centros de salud, la exigencia de juntas médicas, hasta la objeción de conciencia. «Si logramos quitar estas barreras seguro que las cifras de interrupciones del embarazo en condiciones seguras van a aumentar», afirma Juan Carlos Vargas, portavoz de Profamilia, una entidad privada que apoya la autonomía reproductiva y sexual de las mujeres.
«La estigmatización es uno de los obstáculos más grandes. Como hay unos imaginarios negativos sobre las mujeres que abortan, es muy difícil que accedan a la información de manera preventiva, que lo vean como un derecho y no como un delito», explica Claudia Gómez, de Profamilia. También se juzga a los médicos que prestan el servicio. Para los defensores de las mujeres, la indignación por el caso de Sabino es un indicador de cambio.
Chile da un paso más hacia la despenalización.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados despenalizó la noche del martes el aborto en caso de violación.
Tras 11 horas de debate, con ocho votos a favor y cinco en contra, este supuesto se sumó a los dos ya aprobados: que la vida de la madre esté en peligro y la inviabilidad del feto.
El proyecto reduce de 18 a 14 semanas el límite de gestación para que las menores de 14 años puedan interrumpir el embarazo. Y establece como requisito que un médico informe a la Fiscalía de la violación.
La Comisión de Constitución votará la nueva causal a fines de septiembre y, a principios de octubre, lo hará la Sala de la Cámara de Diputados.
La oposición derechista estudia llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Y la diputada Marisol Turres, de Unión Demócrata Independiente, dijo el martes que no todas las violaciones son violentas.
Chile registró 30.000 abortos en 2012, 3.000 de ellos a menores de 19 años, según el Ministerio de Salud.
Con información de El País. 17 de septiembre página 10
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