Las mujeres, especialmente las más pobres, son interrogadas y procesadas por la Fiscalía y la Policía en hospitales públicos, a las cuales se les acusa de provocarse abortos, según denuncias de organizaciones de mujeres. Las autoridades, dicen, actúan violando derechos humanos y constitucionales; someten a prisión, interrogatorios y tratos crueles a las mujeres que abortan en el Ecuador. Se ha reportado 58 casos y documentado seis, los cuales han servido para denunciar al Estado ecuatoriano, al gobierno del presidente Correa, ante el Comité de las Naciones Unidas contra toda forma de Discriminación contra la Mujer, CEDAW.
María*, de 20 años de edad vive un barrio popular de una ciudad del Ecuador y tiene un trabajo precarizado en un cibercafé donde le pagan por consulta; trabaja de 08:00 a 20:00 todos los días, pero aún así no logra completar un ingreso correspondiente a un salario mínimo vital. Como muchas mujeres en el Ecuador, vive de su ingreso diario, un día a día que no alcanza ni para las necesidades básicas.
Vive con su madre, una mujer de aproximadamente 50 años, que sufre de esquizofrenia y con su hijo, un niño de apenas 3 años con problemas de aprendizaje. Ella mantiene la casa y tiene que dividirse constantemente entre los cuidados del hogar y sus integrantes y el trabajo que le permite mantenerlos. No terminó el colegio y los problemas mentales de su madre causaron que estuviera permanente de casa en casa, buscándose la vida.
Una mañana, después al salir de su casa, María tuvo una caída. Según su testimonio estaba distraída y angustiada por una pelea que tuvo esa mañana con su madre. Después de este suceso ella comenzó a sangrar, pensó que se había adelantado la menstruación por lo que fue a su trabajo normalmente. Tres días después María decidió ir al Hospital pues el sangrado continuaba lo cual en su experiencia no era normal y tenía mucho dolor.
En el hospital fue revisada por una doctora, quien ni siquiera le informó lo que le pasaba pero dijo que tenía que esperar para una limpieza. Minutos después llegó la Policía para interrogarla, sin presencia de un abogado, por un supuesto aborto provocado, antes de ser intervenida medicamente. Desde este momento María pasó a estar detenida.
Al día siguiente al ser dada de alta, María fue llevada a un juzgado donde le abrieron instrucción fiscal por el delito de aborto provocado, a decir de la profesional de salud que la atendió, se la llevaron sin que pudieran darle los medicamentos. Se abrió la instrucción fiscal y se le ordenó prisión preventiva, todo esto basado únicamente en el parte realizado por la Policía que contrariamente a la ley mezclaba casos de tres mujeres aprendidas el mismo día en el mismo hospital, donde se establecía que ella había dado un testimonio que supuestamente la incriminaba.
En la audiencia de instrucción fiscal, María fue acusada de aborto provocado, esto aún cuando durante la misma audiencia ella aclaró que ese no era su testimonio y repitió varias veces que lo que sucedió es que se cayó y que ni siquiera sabía que había estado embarazada, el juez no valoró esto y le dieron prisión preventiva, pasó cuatro meses en la cárcel hasta que su abogada logro una sustitución de medidas.
Esta es una de las historias que el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos documentó en un informe que llevó a Ginebra para denunciar al Gobierno ecuatoriano en el marco de la conferencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la toda forma de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW, y es parte del Informe Sombra, firmado por todas las organizaciones de mujeres de la sociedad civil que están denunciando la situación violatoria de los derechos humanos que sufren las mujeres en el Ecuador por acción u omisión estatal.
¿Cuántas Marías hay en este país y el resto del mundo?
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