El país no permite el aborto bajo ninguna circunstancia. El embarazo de una niña de 11 años que denuncia haber sido violada por su padrastro, de 41, ha encendido nuevamente el debate sobre el aborto en Chile. La menor, habitante de Villarrica, tiene unas 20 semanas de gestación, según han podido constatar los especialistas que la examinaron. A ellos confesó los abusos a los que era sometida cuando se quedaba al cuidado del hombre.
El país tiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo y prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. Chile debate desde enero de 2015 un proyecto de despenalización del aborto en tres casos, pero, tras varios pasos legislativos, sigue estancado en el Senado. La nueva ley, que es uno de los compromisos de gobierno de este segundo mandato de Michelle Bachelet, prevé la interrupción del embarazo solo en casos de peligro para la vida de la mujer, malformación fetal y violación. La medida apenas resolvería un 5% de los 70.000 abortos clandestinos que se realizan anualmente.
El debate sobre el proyecto de ley ha sido fuerte tanto en el Congreso como entre la ciudadanía y cada vez que se conocen casos como el de la niña de Villarrica (centro del país), la ley de aborto vuelve a la primera línea de la agenda informativa. Su aprobación, en cualquier caso, tampoco cambiaría el destino de la menor. El texto que se discute indica que en caso de violación —que es la causa más polémica de las tres que se plantean en el país—, existiría un plazo máximo legal de 12 semanas de gestación para realizar la interrupción, aunque se extiende a 14 semanas si se trata de menores de 14 años. La niña, encinta de 20 semanas, no podría acogerse a ese supuesto.
Despenalización.
Las organizaciones de derechos humanos y feministas nuevamente se han movilizado ante el caso. Para Camila Maturana, de Corporación Humanas, “este tipo de situaciones lamentablemente pone de manifiesto la magnitud de la violencia sexual en Chile, sobre todo contra las niñas y adolescentes que están en una situación de mayor vulnerabilidad”. Actualmente, las mujeres —y mucho menos las menores— no acostumbran a pedir esta intervención sanitaria públicamente ya que no se considera una alternativa posible.
“Formulamos un llamado ético a los legisladores a mirar esta realidad trágica. Resulta urgente aprobar a la brevedad el proyecto de ley de aborto en tres causales y a revisar los contenidos de lo que se está debatiendo, porque determinados aspectos no contribuyen necesariamente a proteger a las víctimas”, indica Maturana.
En Chile existen pocos datos cuantitativos sobre los embarazos producto de una violación. La especialista en ginecología infantil y adolescente Andrea Huneeus compareció en 2015 ante los parlamentarios de la Cámara y proporcionó cifras reveladoras. “El 66% de las embarazadas por violación es menor de edad y el 11% tiene menos de 12 años.
Es decir, son niñas”, señaló Huneeus en una entrevista a la revista Paula. Según la especialista, en un 90% de los casos son embarazadas por algún familiar o conocido. “Por las condiciones de vulnerabilidad que se presentan en las menores de edad embarazadas por violación lo ideal sería dejarlo sin limitación de tiempo”, indicó Huneeus a la citada revista. De hecho, en 2013 un caso similar al de la niña de Villarica ya desató una fuerte polémica en Chile.
Las restrictivas leyes en América
El aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia en cinco países de Latinoamérica: El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile.
La intervención se permite en algunos casos —como malformación fetal— en países como Brasil, Ecuador o Argentina.
Leyes de plazos como las europeas solo están vigentes en Uruguay.
En la Ciudad de México el aborto es legal hasta la semana 12 de gestación por voluntad propia de la mujer, en todo el país es legal si se trata de violación, pero muchas veces las autoridades ignoran eso por lo que las mujeres se ven forzadas a viajar a la capital del país.
Con información de El País
