Una comisión de expertos de la revista ‘The Lancet’ propone la adopción de una definición nueva, ampliada e integral de la salud global que incluya derechos sexuales y reproductivos.
Está claro que prevenir y curar enfermedades es salud. También parece asumido que la anticoncepción y la planificación familiar forma parte de este ámbito. ¿Pero es salud el derecho a controlar el propio cuerpo, definir la sexualidad, elegir a la pareja y recibir servicios confidenciales y de calidad? Hasta ahora, los estándares internacionales no lo incluían en la definición, pero esto puede estar a punto de cambiar.
Una comisión internacional de expertos ha trabajado en los elementos clave de una nueva agenda de salud global. La educación sobre la sexualidad, los servicios de fertilidad y el asesoramiento para la violencia de género son parte esencial del documento, presentado ayer en Johannesburgo, Sudáfrica. El informe muestra que estas medidas salvan vidas, promueven la igualdad y aumentan los ingresos familiares.
Esta nueva comisión de la revista The Lancet sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, dirigida por el Instituto Guttmacher (Nueva York, EE UU), ha trabajado durante dos años en un paquete esencial de intervenciones para esta nueva agenda de salud global. Compuesta por 16 expertos de África, Asia, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América Latina, considera que los derechos antedichos son esenciales.
“Las brechas en la salud y los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo afectan enormemente a las comunidades y las economías. No debemos seguir tolerando este problema”, señala Alex Ezeh, copresidente de la Comisión y exdirector ejecutivo del Centro de Investigación de la Población y Salud de África. “Es hora de eliminar estas desigualdades con un enfoque integral que no pase por alto componentes críticos como el acceso al aborto legal y seguro, la prevención del cáncer de los órganos reproductivos o el tratamiento de la infertilidad”, añade Ezeh.
Los comisionados han hecho un llamamiento a los gobiernos para que aborden las barreras implícitas en las leyes, las políticas, la economía y en las normas y valores sociales que perpetúan la desigualdad de género y evitan que la gente alcance sus derechos en salud sexual y reproductiva.
Hasta la fecha, las iniciativas se habían centrado típicamente en la anticoncepción, la salud materna y neonatal y el VIH/sida. Muchos países han logrado avances notables en estas áreas, pero los progresos han sido desiguales y los servicios a menudo han quedado cortos en cuanto a cobertura y calidad.
“Los cuerpos de las mujeres continúan siendo los campos de batalla en los que se libran discusiones ideológicas con resultados devastadores”, han comentado por su parte Richard Horton y Elizabeth Zuccala, editores de The Lancet.
La Comisión propone la adopción de una definición nueva, ampliada e integral de la salud y los derechos sexuales y reproductivos con un paquete esencial de servicios sanitarios. “Dado el contexto global, esta recomendación no es solo audaz, sino que es necesaria”, continúan los editores.
Mujeres sin anticoncepción adecuada
Cada año, en el mundo ocurren 25 millones de abortos inseguros; entre 49 y 180 millones de parejas se ven afectadas por la infertilidad; casi dos millones de personas adquieren VIH y aproximadamente 266.000 mujeres mueren de cáncer de cuello uterino.
Además, aproximadamente una de cada tres mujeres en todo el mundo experimentará violencia de género en algún momento de sus vidas, la mayoría de las veces por parte de una pareja.
Es más, en los países empobrecidos, más de 200 millones de mujeres al año quieren evitar quedarse embarazadas pero no usan anticoncepción moderna, más de 45 millones reciben atención prenatal inadecuada –o ninguna– y más de 30 millones dan a luz a sus bebés fuera de una instalación habilitada.
“Durante demasiado tiempo se han aceptado estas realidades como inevitables. Nuestro informe muestra cómo se pueden superar, estableciendo una hoja de ruta que los países pueden seguir para poner estos servicios esenciales en su lugar”, explica Ann M. Starrs, copresidenta de la Comisión y presidenta del Instituto Guttmacher. «Tenemos los medios y el conocimiento para alcanzar la salud y los derechos sexuales y reproductivos universales. Es posible un progreso significativo; es asequible y vital», añade.
La Comisión propone un nuevo paquete básico de intervenciones que aborda áreas desatendidas como los servicios de infertilidad, prevención, detección y asesoramiento sobre violencia de género, tratamiento y prevención del cáncer de cuello uterino, atención segura del aborto, tratamiento y prevención de infecciones de transmisión sexual distintas del VIH y educación sexual integral.
Salvar vidas por menos de 8 euros
Casi 4.300 millones de personas en edad reproductiva tienen servicios de salud sexual y reproductiva inadecuados a lo largo de sus vidas. El análisis realizado por la Comisión muestra que satisfacer todas las necesidades de servicios de anticoncepción, aborto, salud materna y neonatal, incluida información, educación y asesoramiento en países de bajos y medianos ingresos requeriría una inversión mundial mínima de 54.000 millones de dólares, equivalente a solo nueve dólares (siete euros y medio) por persona al año.
La evidencia muestra que el acceso a todos estos servicios salva vidas, mejora la salud y el bienestar, promueve la igualdad de género, aumenta la productividad y el ingreso familiar, y tiene beneficios multigeneracionales al mejorar la salud y el bienestar de los niños.
Estos beneficios rinden dividendos durante muchos años y facilitan el logro de otros objetivos de desarrollo, lo que sugiere que las inversiones en servicios de salud sexual y reproductiva representan una buena relación calidad-precio.
Apoyo a los colectivos más marginados
Junto a las mejoras en la atención médica, la Comisión llama a los países a abordar normas, leyes y políticas sociales restrictivas, incluida la liberalización de las leyes de aborto cuando sea necesario, proporcionando información y educación sexual, asegurando que los adolescentes tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva e información sin discriminación que acabe con la desigualdad de género y el poder desigual en las relaciones.
“Durante demasiado tiempo, los temas relacionados con la sexualidad humana han sido omitidos de la política, excluidos de los planes de estudios y evitados en el discurso público. La salud y los derechos sexuales y reproductivos abarcan más que la prevención de enfermedades, incluye el derecho a tomar decisiones sobre el propio cuerpo y una vida sexual satisfactoria, segura y placentera”, escriben los autores de la Comisión.
Por último, la Comisión también subraya la importancia de reunir más pruebas sobre las necesidades de salud sexual y reproductiva de poblaciones distintas que a menudo son marginadas y vulnerables, incluidos adolescentes, personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, personas desplazadas y refugiadas, y personas que viven con discapacidad.
Con información de El País.
