La desinformación, el incipiente acceso a métodos anticonceptivos, la marginación y la situación de vulnerabilidad entre muchas mujeres han hecho que Zacatecas esté entre los estados con mayor incidencia de abortos inducidos en el país y Latinoamérica.
La entidad también está entre los primeros lugares en embarazo adolescente, con cerca de 5 mil nacimientos anuales entre menores de 20 años y se estima una tasa de 36 abortos al año por cada mil mujeres, mientras que en América Latina el promedio es de 31 abortos por cada mil, según el último reporte del Guttmacher Institute, elaborado con apoyo de El Colegio de México y la Oficina para México del Population Council.
Además, Zacatecas está entre las entidades donde aún se penaliza el aborto, aunque es de las únicas 10 donde se permite en caso de violación, cuando la mujer corre peligro de muerte o cuando pueda sufrir un daño grave a su salud.
Esto ha motivado que, como en muchos otros estados, las zacatecanas recurran a la clandestinidad para provocarse un aborto, en condiciones a menudo insalubres, sin información y con prácticas que ponen en riesgo su vida.
Actuar por vergüenza.
Lucía es una de tantas mujeres que optó por interrumpir su embarazo. Ocurrió cuando tenía 19 años, bajo circunstancias de violencia de pareja. Vivía en el Distrito Federal cuando la Asamblea Legislativa reformó su Código Penal para permitir la interrupción legal del embarazo hasta antes de las 12 semanas.
Esta reforma permitió que las mujeres interrumpieran su embarazo en condiciones salubres, con calidad en el servicio, informadas y de manera legal, pero Lucía temía que alguien supiera y la desinformación la llevó a practicarse un aborto.
“No quería que nadie se enterara, tenía mucha vergüenza y yo no podía tenerlo (al bebé) porque sabía que tendría la misma sangre de mi novio y eso me iba a atar a él, pero yo ya no quería estar en esa relación”, afirma la joven, quien refiere que a pesar de utilizar condón, este falló.
Comenta que su pareja a menudo la maltrataba y así ocurrió en los cinco años de relación. Al enterarse de su embarazo lo ocultó “porque él quería tener hijos y formar una familia, pero después de tanta violencia no quería eso, mucho menos tener un hijo porque eso sería amarrarme a una relación que me estaba asfixiando”.
A esa edad Lucía aún quería estudiar, pero el embarazo cambió sus planes. En algún lugar escuchó de unas pastillas que, según decían, eran efectivas para interrumpir el embarazo. Comprarlas le costó cerca de 3 mil pesos, “pero ni siquiera sabía cuántas había que tomar”.
La primera vez intentó con dos pastillas: una vía oral y otra vaginal, pero no resultó. Días después hizo un segundo intento, esta vez con cuatro pastillas.
“Mi novio llegó a la casa. Yo recuerdo que estaba sangrando en ese momento y le dije que había quedado embarazada, que estaba abortando (…), se puso muy enojado, pero al final se fue, me dejó ahí, no fue ni siquiera para llevarme al médico”, expresa con pesar.
Arriesgar la vida.
En Zacatecas y en el país el método más frecuente para interrumpir un embarazo es introducir un gancho en la vagina y raspar hasta romper la membrana que cubre al producto, pero puede provocar hemorragias severas o infecciones cuando se perfora la matriz y rasga los intestinos.
En el primer caso, si la mujer no recibe atención de inmediato, puede morir en cuestión de horas. En el segundo caso, la infección puede prolongarse por días y generar dolores intensos hasta causar la muerte.
También es frecuente el uso de pastillas como Misoprostol o Cytotec, que llegan a costar hasta 3 mil pesos el frasco con 26 tabletas.
Estas pastillas, al igual que la oxitocina, el nitrato de potasio o el permanganato de potasio, se colocan en la vagina y generan contracciones para expulsar el producto, pero se corre el riesgo de provocar quemaduras, lesiones o hemorragias.
Aunque con menor frecuencia, hay quienes toman brebajes con diferentes hierbas, pero es un método poco efectivo que produce malestar y en ocasiones puede intoxicar a quien los consume.
No funcionó.
Al igual de Lucía, Ana también utilizó pastillas para interrumpir su embarazo, aunque no resultó como esperaba: “sí sentí algunas contracciones y sangré un poco, pero al final yo sentía que no había funcionado” luego de haber utilizado dos pastillas vía vaginal.
Su incertidumbre la llevó a consultar a un médico particular, quien le realizó un ultrasonido en el que constató que el producto seguía ahí, aunque en condiciones riesgosas, por lo que se sometió a un legrado que terminó el proceso.
Ana estudiaba el último año de la universidad y ese embarazo no estaba entre sus planes. Adquirir las pastillas le costó poco más de mil pesos, pero la atención médica llegó a más de 3 mil pesos.
Aunque en el Distrito Federal una interrupción del embarazo es gratuita en clínicas de salud públicas, en clínicas privadas puede costar a partir de 2 mil 500 pesos.
“Yo no estaba de acuerdo con eso del aborto, pero me vi en una situación difícil, no podía tenerlo, simplemente no podía. Ahora entiendo a esas mujeres que abortaron y sé que es una decisión muy difícil, injusta también, pero muy difícil porque una carga con ese peso toda la vida”, expresa.
Desprotección.
Hace unos años había en la entidad una representación de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), organización que surgió para defender los derechos sexuales y reproductivos y que a partir del 2008, cuando se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, recibió algunos casos para canalizarlos a otras organizaciones con más experiencia en el tema.
El protocolo era que la mujer leyera el manual Con la Conciencia Tranquila, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), donde analizaban qué pasaría si tuvieran al bebé, qué ocurriría si lo dieran en adopción y qué sucedería si interrumpieran su embarazo.
“Sabemos que ninguna de las tres decisiones es fácil porque una mujer que no tiene planeado un embarazo por determinadas circunstancias de su vida, que sea ligada desde lo social a continuar con el embarazo y a quedarse con el bebé implica una gran carga”, indica Bertha Alicia Medrano Ruiz, coordinadora de la Unidad de Salud Sexual y de Género de la Subsecretaría de la Juventud.
Agrega que “continuar con el embarazo y darlo en adopción es una carga dolorosa y la posibilidad de interrumpir el embarazo es una situación sumamente difícil”.
No obstante, enfatizó que dentro de las organizaciones civiles el principal objetivo es promover y defender los derechos sexuales y reproductivos y que las mujeres tengan derecho a métodos de protección para evitar embarazos no planeados, “de ninguna manera se está a favor del aborto”.
De esta organización, en la cual Medrado Ruiz participó hace años, recuerda que hubo casos que canalizaron a otras organizaciones en el Distrito Federal y constataron que las mujeres recibieron atención digna.
Una esperanza.
El 28 de mayo del 2009 se integró Balance Asociación Civil, una organización en el Distrito Federal que dispone del programa Fondo de Aborto para la Justicia Social María, cuya finalidad es brindar apoyo financiero, emocional, logístico y de información a mujeres de todo el país que deciden interrumpir su embarazo.
También busca movilizar recursos humanos y económicos a favor del derecho a decidir de las mexicanas y transformar el discurso del aborto para destacar los aspectos positivos que pueden detonarse al tomar esta decisión de forma digna y libre.
Esta organización ha apoyado a más de 1 mil 600 mujeres en los últimos dos años, de las cuales 36 han sido originarias de Zacatecas y recibieron atención integral.
Cambiar mentalidad.
Ulises ha sido médico por más de 20 años en Zacatecas. A pesar de la restricción legal para practicar un aborto, lo ha hecho en la clandestinidad, pero en condiciones seguras, confidenciales e higiénicas para las mujeres a las que ha atendido en una clínica privada.
A diferencia de médicos que aún tienen prejuicios respecto al tema, expresa que “un médico no está para juzgar”, pues afirma que interrumpir un embarazo no es una decisión fácil ya que implica una fuerte carga social, cultural y legal y negarles el servicio es también violentar sus derechos.
Aunque no recuerda cuántos casos ha atendido, asegura que “de no haberlo hecho esas mujeres habrían ido a otro lado, con otro doctor, una comadrona, la vecina, alguien que no tiene experiencia y hubieran puesto en riesgo su vida”.
Por ello, enfatiza que se requiere modificar las leyes que permitan una interrupción legal del embarazo para evitar poner en riesgo la vida de mujeres que se realizan abortos.
«Hay mujeres casadas que ya no quieren tener hijos y el hecho de quedar embarazadas contra su voluntad también es violentar sus derechos»
Con información de Imagen de Zacatecas
