«Desde España, se lo digo al mundo entero: si en República Dominicana el aborto fuera legal, mi hija estaría viva».
Habla la madre de una embarazada que murió tras serle denegada la quimioterapia en República Dominicana, que aplica el Código Penal de 1884.
Rosa ha demandado a su país, uno de los seis de América Latina que obligan a la mujer a dar a luz aunque peligre su vida o el embarazo provenga de una violación.
Rosa tiene 47 años y hace tres que habla con las cejas caídas. Lleva viviendo con ese rictus que dibuja la pena desde el 16 de agosto de 2012, el día en que su hija Rosaura murió por una leucemia que los médicos se negaron a tratar para no afectar al embrión porque el aborto estaba absolutamente prohibido. Hoy, tres años y una discusión constitucional después, República Dominicana mantiene la interrupción voluntaria del embarazo como delito total porque acaba de aprobar el regreso de un Código Penal que nació también en un mes de agosto: el de 1884.
Es, junto a El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Chile, uno de los seis países latinoamericanos que prohíbe íntegramente el aborto, sin excepciones. En República Dominicana hay 100.000 abortos inseguros al año y la mitad de los nacimientos de los últimos cinco años provinieron de embarazos no deseados. «El miedo a quedar embarazada», dice Rosa, nativa de un país con la tasa más alta de gestación adolescente, donde comprar la píldora es muy costoso y en el que millones de mujeres recurren a la esterilización.
Rosa Hernández recibe a EL MUNDO en la sede española de Women’s Link Worldwide (WLW), la ONG internacional que, junto al dominicano Colectivo Mujeres Salud, está tramitando las demandas contra el Estado y los médicos delHospital Semma de Santo Domingo.
«Se llaman provida, pero eso no quiere decir que puedan pisar los derechos humanos de las personas. La vida de mi hija no valió nada, sólo pensaron en el embarazo. Jamás nos escucharon. Voy a insistir en la justicia. No voy a parar hasta que esto no le pase a ninguna otra mujer». Habla Rosa gastando un pañuelo en los ojos, sollozando su discurso tras reunirse con Amnistía Internacional, que incluirá este caso en su próximo informe.
Es la historia de Rosaura Almonte Hernández, una chica de 16 años que movilizó a una nación durante su último mes de vida, y de Rosa Hernández, una madre que sólo vive para que su país despenalice algo que quizá hubiera salvado a su hija.
El 12 de julio de 2012 Rosaura fue al médico porque sentía dolores en el abdomen y tenía fiebre. El diagnóstico arrojó leucemia y un embarazo de siete semanas. «Inmediatamente pedimos que trataran a mi hija, pero los médicos nos dijeron que no podían porque la medicación fuerte afectaría al embrión».
Los días pasaron entre la angustia del avance del cáncer sanguíneo y la rabia de una quimioterapia prohibida. «Mi hija sentía muchísimo dolor y se fue deteriorando. Pero los médicos no hicieron nada por ella; sólo pensaban en el feto. Sólo unos días antes de morir le dieron algo de quimioterapia».
Rosaura no tuvo opción a decidir porque el aborto no pudo ser una opción. «Los médicos fueron crueles. Decían que obedecían la ley, pero si tienes dinero, te hacen el aborto, ni siquiera te dicen que estás embarazada. A mi hija le pusieron una psicóloga para que aceptara el embarazo. Pero era un embarazo enfermo. ¿A cuántas más les pasará esto?».
Con su hija ingresada en una cuenta atrás para la muerte, Rosa habló con el Colectivo Mujeres Salud, que organizó una movilización popular sorprendente. Se creó un banco de sangre sobre el que la gente fue donando plasma para salvar a Rosaura. Pero en la República Dominicana la sanidad no es pública, el seguro médico cubre la atención básica «y el cáncer es caro», sentencia Glenys de Jesús Checo, directora legal internacional de WLW.
Rosa tuvo que aflojarse el bolsillo que ya no tenía. Llegó a pagar 22.000 pesos (440 euros) por plaqueta, más que su sueldo de maestra. «Saqué todo lo ahorrado. Ayudaba a pagar el transporte a los desconocidos que venían a donar sangre para mi hija».
Pero ni todas las bolsas de un país evitaron que una hemorragia masiva se llevara la vida de Rosaura (y la de su embrión) el 16 de agosto de 2012, 35 días después de su hospitalización. «Se me fueron el dinero y la vida. Un mes de humillaciones para acabar no teniendo a mi hija».
Tras la muerte de Rosaura, esta madre ex madre decidió crecer. «Me armé de valor y pedí el expediente de mi hija. Luego puse una demanda contra el hospital y el Estado. Si yo trabajaba para el Estado, ¿qué no harán con otras mujeres?».
El caso Rosaura activó un debate, y en diciembre de 2014 el Congreso aprobó un nuevo Código Penal en el que se incluían como excepciones a la penalización del aborto tres supuestos similares a los de la ley española de 1985: malformación fetal, peligro para la salud de la madre o violación. El Congreso no envió el texto al Senado y aprobó el nuevo Código, que habría de entrar en vigor en diciembre de 2015. O sea, ahora.
Pero, en enero de este año, tres organizaciones «provida» presentaron demandas de inconstitucionalidad. «Adujeron que el Código se había aprobado de forma antidemocrática y que atentaba contra la vida humana», recuerda De Jesús Checo.
Durante este año, 33 colectivos y 600 políticos de varios partidos a nivel individual pidieron la despenalización del aborto.
Sin embargo, la semana pasada, el Tribunal Constitucional dominicano avaló las demandas prohibicionistas, declaró inconstitucional la reforma por cuestión de forma, no se pronunció sobre el fondo del aborto y dictó que vuelva a entrar en vigor el Código Penal de 1884, que castiga de forma absoluta la interrupción del embarazo.
«Es una traición a las mujeres. Ese Código no reconoce nuestra dignidad, nos da la espalda. Es una bofetada. Este retroceso creará un efecto dominó en la región, donde se afianzarán legislaciones restrictivas en una zona ya muy dura contra las mujeres. Con Códigos como éste, la decisión sobre nuestros cuerpos les pertenece. Somos cuerpos reproductivos. Somos úteros, no personas en nosotras mismas», resume la letrada de WLW mientras la madre de esta historia recuerda a su hija como una forma de terminar por el principio: «Rosaura era inteligente y sociable. Se pasaba el día mirando carreras universitarias en internet porque quería serlo todo: abogada, doctora, fotógrafa… Un día le dije que a mí me gustaba la arquitectura y se enamoró de eso. Y me enseñó un plano que había dibujado con la casa que ella soñaba. Lo tengo guardado para siempre».
Con información de El Mundo