Este 24 de abril, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital del país cumple diez años de salvar las vidas y garantizar los derechos humanos de las mexicanas.
166 mil 398 interrupciones legales de embarazos se efectuaron de manera gratuita del 24 de abril de 2007, al 29 de septiembre de 2016. De acuerdo con datos ofrecidos por el Gobierno de la Ciudad de México, en primer lugar está la propia capital del país, en segundo el Estado de México, en tercer lugar, Puebla y en cuarto, Hidalgo.
En la Ciudad de México, la interrupción del embarazo es un derecho humano de las mujeres garantizado por el gobierno; pero en Hidalgo sigue siendo un delito fundamentado en una visión medieval.
Hace una década, por fin en la capital del país se instituía la Interrupción Legal del Embarazo, característica de las sociedades más progresistas del planeta. En ese entonces pensábamos que podríamos ir incidiendo en los congresos locales para impedir que las mujeres del interior de la república siguiéramos en el Medioevo, en contraposición con la modernidad respirada en el la capital de nuestro país.
Meses después, la ofensiva oscurantista llegó fuerte y 17 entidades federativas fueron protegiendo la vida «desde el momento de la concepción» (sic) por lo que han metido presas a mujeres que abortaron clandestinamente, no únicamente por ejercer un derecho humano universal, sino inclusive por negarse a tener un hijo producto de una violación, o porque ni siquiera sabían que estaban embarazadas y en las labores domésticas, movieron muebles pesados que les produjeron lo que para ellas era un extraño sangrado, por lo cual fueron al hospital y de ahí, a la cárcel.
Sin embargo, entre estas terribles historias de la inquisición, se mira la gran celebración por el décimo aniversario de que fueran aprobadas las reformas a la Ley de Salud y al Código Penal de la Ciudad de México. Hoy se puede probar con datos duros que, contrario a lo que dicen las asociaciones antiderechos, quienes más interrumpen su embarazo no son las «pubertas alocadas que buscaban seguir con su vida indecente», sino las mujeres de 18 a 34 años, que ya cuentan con otros hijos y que poseen un nivel de estudios de entre la preparatoria y la universidad.
Otro mito roto fue el de pensar que las mujeres que abortan lo ven como algo sencillo y que seguramente lo volverán a hacer cuando de nueva cuenta queden embarazadas, pero las estadísticas arrojan sólo un dos por ciento de reincidencia. Además, de todas las mujeres que han hecho uso de la ILE en la CDMX en estos diez años, el 75.6 por ciento, son católicas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en todo el mundo 47 millones de mujeres mueren cada año a causa de abortos inseguros y ello sucede en países de legalidad restringida. Además, el 13 por ciento de todas las muertes maternas vienen de abortos provocados o clandestinos.
Al respecto, GIRE señala que es una fortuna que en la Ciudad de México «ni cárcel, ni muerte para las mujeres que deciden interrumpir un embarazo».
Pero en el resto del país, el gran problema que se vislumbra en las posibles discusiones locales es que el punto a disertar se centra en la moral y la ética, cuando el aborto en México es, antes que nada, un problema de salud pública que vivimos y padecemos las mujeres.
Como siempre, los grupos conservadores antiderechos se dicen defensores de la vida y aseguran que «desde el momento mismo de la concepción existe ya un ser con derechos», cuando la ciencia médica sabe, desde hace muchos años, que un óvulo fecundado por un espermatozoide no devendrá necesariamente en un embarazo, ya que para ello se requiere la implantación. Y la construcción del mapa del Genoma Humano nos trajo la certeza de que la vida HUMANA comienza a los tres meses de gestación, cuando comienza la actividad neuronal.
Así pues, el punto central del debate no debiera ser si el aborto está bien o está mal, frente a la gran cantidad de mujeres que mueren día a día por abortos mal practicados. Difícilmente alguien negaría que se trata de un problema de salud pública, cuando las estadísticas oficiales lo ubican en el quinto lugar nacional de causas que producen la muerte materna.
Las mujeres de Hidalgo, especialmente las hidalguenses que han debido mendigar en otra entidad su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, esperamos que de una buena vez nuestras autoridades comprendan que la interrupción del embarazo es un derecho humano establecido en tratados internacionales que México ha firmado, así como en el artículo primero de la Constitución Mexicana, y como todo derecho, debe aplicarse y no discutirse.
Con información de Milenio
