Mujeres indígenas tienen su primer embarazo desde los 11 años de edad.
La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser) reveló que en algunas regiones indígenas de Oaxaca las mujeres tienen su primer embarazo entre los 11 y los 19 años de edad.
Mayra Morales de Ddser, destacó que lamentablemente los derechos a la salud son los más violentados en la entidad por la desinformación, mitos, prejuicios y tabúes.
Manifestó que hay un sinnúmero de necesidades por atender, entre ellas, dotar a todas las instituciones de salud de medicamentos, infraestructura y métodos anticonceptivos.
Comentó que Oaxaca sigue estando a la cabeza con cifras negras en materia de mortalidad materna, aborto y embarazo adolescente.
Por ello, exigió a los legisladores federales electos por Oaxaca «asumir un real compromiso para garantizar el acceso a la salud a toda la población, principalmente sectores vulnerables como indígenas, mujeres y niños».
Señaló que el Poder Legislativo tiene una deuda pendiente en materia de derechos sexuales y reproductivos.
REZAGO EN SALUD
En el caso de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), refirió que en Oaxaca se registran 3 mil abortos clandestinos al año.
Por lo que se refiere a la mortalidad materna, Oaxaca ocupa el primer lugar de la tabla nacional con una razón de 52.0 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados.
Añadió que principalmente en las comunidades indígenas, la población tiene menos acceso a la atención en salud, lo que provoca altos índices de mortalidad y enfermedades.
«Mientras haya carencias en el marco jurídico en torno a estos temas, se acrecentarán diversas problemáticas como la falta de acceso y cobertura a educación sexual, a métodos anticonceptivos, a abortos legales en condiciones seguras, altos índices de morbilidad y mortalidad materna, embarazos no planeados, entre otros», sostuvo.
También demandó que exista un marco legislativo armónico en los ámbitos estatal y federal, en concordancia con tratados y convenios internacionales; que se asigne un presupuesto suficiente al sector salud, y que además haya transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados que puedan ser vigilados desde el Poder Legislativo y organizaciones civiles.
Con información de Noticias Net.
