La joven denunció inmediatamente la agresión y los exámenes médicos certificaron la violencia física, pero no proporcionaron el aborto seguro.
El pasado 16 de mayo no hubo clases en todo México. Aquel lunes las escuelas celebraban el día del maestro y Citlali, una joven indígena de 13 años, se encontraba sola en casa cuando un compañero de trabajo de su padre la agredió sexualmente. Esa misma jornada, acompañada de sus hermanos, la menor acudió a la comisaría. Los exámenes certificaron la violencia física y el daño psicológico de la víctima, por lo que el ministerio público consignó al agresor por el delito de violación agravada.
La muchacha vive en un poblado de bajos recursos del norteño Estado de Sonora y pertenece a la etnia huichola. Según ha denunciado, en ningún momento las autoridades le ofrecieron la pastilla anticonceptiva de emergencia o un tratamiento para evitar las infecciones de transmisión sexual. Tampoco le informaron de su derecho a interrumpir el embarazo en caso de que este ocurriera. En todo México el aborto está permitido en caso de violación, sin embargo, el juez que recibió el caso, re clasificó el delito como estupro -lo que significa que la joven, engañada, habría dado su consentimiento-, y las autoridades de salud estatales le niegan ahora el acceso al servicio.
“Para fines de investigación es importante, pero para acceder a la interrupción legal del embarazo no. Ella fue víctima de una agresión sexual, y como tal, es irrelevante lo que el juez estime como delito penal. No hay impedimento legal para que las autoridades la apoyen”, argumenta Regina Tamés, presidenta de la organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida, que asesora a Citlali. La dirigente de GIRE explica que la Norma mexicana 046 sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres “no establece la obligación de denunciar la agresión sexual para poder acceder al aborto legal por violación”.
El informe Las otras víctimas invisibles, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, establece que en México una de cada cuatro menores sufre abuso sexual antes de cumplir los 18 años y seis de cada 10 agresiones son cometidas en el hogar, por familiares o conocidos cercanos. Entre 2010 y 2015 se registraron 2’6 millones de abusos y sólo en 83.000 casos se llevó a cabo una averiguación previa.
Actualmente, México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE por los altos índices de abuso sexual, violencia y homicidios contra menores de 14 años. La mayoría de los casos de violencia sexual se ejercen contra niñas por parte de familiares cercanos, como hermanos, padres y abuelos o personas próximas al círculo familiar. La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes señala que “el grupo de edad de 10 a 14 años también reviste especial interés por (…) la probabilidad de que la mayoría de la concepción en niñas de 10 a 14 esté vinculada con abuso o violencia sexual”. Los embarazos a temprana edad también representan riesgos de salud para la madre y alto riesgo de muerte para el bebé.
Esta misma semana, el Estado de Veracruz aprobó una reforma de su Constitución para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte. El cambio en la carta magna local podría servir para endurecer las penas contra las mujeres que decidan abortar libremente, según algunos constitucionalistas.
Con información de El País.
