El Código Penal dominicano considera el aborto un crimen contra la vida y sostiene que la vida del embrión o feto es un bien jurídico que debe ser protegido por las leyes.
Sin embargo, después de evaluar el sexto informe periódico de la República Dominicana los días 16 y 17 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por «la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo, con penas de hasta 20 años de prisión».
La instancia de la ONU sostuvo que «no deben aplicarse sanciones penales a mujeres y niñas que se sometan a un aborto ni a los proveedores de servicios médicos que las asistan, ya que tales medidas las obligan a recurrir a abortos inseguros».
Por tal razón, el organismo solicitó al Gobierno dominicano que «modifique su legislación para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada esté en riesgo».
Igualmente, la petición del organismo internacional abarcó la circunstancia en que «llevar a término el embarazo pueda ocasionar un daño o sufrimiento sustancial a la mujer o niña embarazada, especialmente si es el resultado de una violación o incesto o cuando la gestación sea inviable».
Las leyes dominicanas imponen condenas de dos a cinco años a toda mujer que se provoque un aborto, con o sin asistencia, y penas que fluctúan entre los cinco y veinte años al personal médico que interviene en su realización. Por lo que el Comité instó al Gobierno dominicano a «revisar su legislación al respecto».
El aviso de la instancia se da luego que defensoras de derechos humanos de la mujer en el país aseguraran este miércoles que la despenalización del aborto en circunstancia extremas «no puede esperar más».
Según organizaciones locales en el país se realizan 35.000 abortos al año, todos de forma clandestina.
En México, el aborto es legal por decisión de la mujer solo en la CDMX, en el resto del país existen causales.
Con información de TelesurTV
