El Juzgado Décimo Octavo del Poder Judicial Federal con sede en Xalapa, Veracruz, resolvió el amparo que impulsaron organizaciones de mujeres contra el congreso de Veracruz por ser omiso y violentar los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas, su derecho a la salud y el derecho a la vida, por lo que emplazó al congreso a que antes de que finalice este mes despenalice el aborto.
El pasado 3 de julio el Juzgado Decimoctavo de Distrito del poder Federal resolvió el amparo a favor de las organizaciones civiles y mandató al congreso de Veracruz a que antes del 31 de julio de 2018, fecha en que finaliza el segundo periodo ordinario de sesiones, las y los legisladores reformen el Código Penal estatal; legalicen la interrupción del embarazo voluntaria hasta las 12 semanas de gestación, incluyan la causal de riesgo a la salud de las mujeres y deroguen el plazo de 90 días que tienen las víctimas de violación para acceder a un aborto.
En la sentencia, el poder judicial Federal indica que el congreso de Veracruz omitió una debida discusión de la iniciativa, situación que tuvo una directa transgresión a la obligación que tiene el Estado mexicano de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que incluye legislar a favor de sus derechos reproductivos y de salud, informaron esta mañana en conferencia de prensa las integrantes del Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) a quienes el Juez de Distrito concedió el amparo (con número 1191/2017).
Con este resolutivo a favor de las OSC, se confirma que el congreso de Veracruz violentó los derechos a la protección de la dignidad humana de la mujer, a la no discriminación, a la libertad, la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud de las mujeres, al desechar en septiembre de 2017 la reforma para despenalizar el aborto, un mandato derivado de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado.
LUCHA POR DERECHOS DE LAS VERACRUZANAS
El 5 de abril de 2016 la organización Equifonía AC presentó en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) una solicitud para Veracruz de AVG por Agravio Comparado (leyes que obstaculizan los derechos de las mujeres) en la que denunciaron tres agravios: la inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) que garantiza el aborto en casos de violación; la tipificación del aborto como delito que se castiga con un tratamiento educativo; y la modificación del artículo 4 constitucional que protege la vida “desde el momento de la concepción”.
Conavim aceptó la petición, y conformó un Grupo de Trabajo (integrado por académicas)que entre otras cuestiones demandó al Congreso de Veracruz reformar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal local, para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación; derogar el plazo de 90 días que tienen las víctimas de violación en Veracruz para abortar; y permitir el aborto cuando la salud de la mujer está en riesgo.
La encargada de presentar en el congreso este proyecto de reforma fue la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no obstante, las y los diputados de la LXIV Legislatura lo revocaron el 28 de septiembre de 2017, alegaron que la modificación del Código Penal era un “acto inconstitucional” porque desde 2016 el artículo 4 “protege la vida desde la concepción” (esta reforma la impulsó el ex gobernador Javier Duarte apoyado de la Iglesia Católica local).
Ante la decisión del congreso, las organizaciones civiles, el OCNF, Justicia, Derechos Humanos y Género AC, el Colectivo Feministas de Xalapa y el Colectivo Akelarre, interpusieron un amparo en el que argumentaron que las y los diputados fueron omisos y violentaron los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas, su derecho a la salud y el derecho a la vida.
El incumplimiento del congreso veracruzano también causó que la Secretaría de Gobernación (Segob) decretara el 13 de diciembre de 2017 la AVG por Agravio Comparado, con ello la entidad sumó dos Alertas ya que desde noviembre de 2016 cuenta con una por los casos de feminicidio en 11 municipios.
De acuerdo con las integrantes del OCNF y el Frente Veracruzano, el gobierno estatal cuenta con un plazo de 15 días para interponer un recurso de revisión a la sentencia del Juzgado Federal. En caso de que no lo hagan pero el Congreso del estado se siga negando a realizar la reforma, los diputados pueden ser retirados de su cargo, o bien, se puede iniciar un proceso penal en su contra por incumplimiento de sentencia.
APOYO INTERNACIONAL
Las feministas consideraron esta resolución como histórica, recordaron que emana de una larga lucha que han llevado por defender los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas, la cual inició desde la oposición a la reforma del artículo 4 constitucional y hoy se concreta con el mandado de despenalizar el aborto en Veracruz. De cumplirse, el estado se convertiría en el segundo del país en hacerlo, el primero fue la Ciudad de México.
Informaron que a lo largo del juicio contaron con el respaldo de instituciones internacionales como el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien junto con la organización Católicas por el Derecho a Decidir y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) presentaron varios amicus curiae (argumentos jurídicos de expertas) para fortalecer la argumentación de que el congreso violentó los derechos de las veracruzanas.
Esta sentencia también fue presentada a las expertas del Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que esta semana inició el período de sesiones para evaluar al Estado mexicano en materia de los derechos de la población femenina.
Con información de Cimac Noticias.
